La mayoría proceden de Marruecos, Malí y Senegal. Como señaló Unicef, son las administraciones españolas las que tienen la obligación de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por España.

En este sentido, instó al Gobierno a revisar y preparar con antelación sus “capacidades técnicas, residenciales y presupuestarias para poder desarrollarlo adecuadamente cuando surja la contingencia”.

Y es que “España debe reforzar su preparación ante este tipo de situaciones, asegurando que los derechos de la infancia sean priorizados en los esfuerzos de prevención, mitigación, preparación y respuesta”.

A juicio de Unicef, es preciso garantizar que los niños acogidos por el sistema de protección no llegan a la mayoría de edad sin documentación y permisos de residencia, así como que no terminan viviendo en la calle.

En este sentido, valoró que la intención de reformar el Reglamento de Extranjería anunciada recientemente por la Secretaría de Estado de Migraciones “supone un paso crucial, en la medida en que persigue suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de residencia para estos en el momento en el que acceden a la mayoría de edad”.

Por último, la organización urgió a intensificar la prevención y lucha contra el racismo y xenofobia en Canarias. “Al igual que ocurre en otras zonas de España, los niños migrantes no acompañados y jóvenes migrantes están sufriendo una alarmante estigmatización y son necesarios planes específicos”.