Rubalcaba se pronunció de esta manera al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la decisión de la jueza Mercedes Pérez Barrios, titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid que se encargó de la investigación judicial subsiguiente a la llamada “Operación Galgo” por un presunto delito de dopaje y tráfico de sustancias ilegales de la atleta palentina.

Al vicepresidente le parece que el hecho de que un tribunal se enmiende a sí mismo “está en la norma que se aplica habitualmente”, y también entiende como “lo más normal del mundo” que se anulen las grabaciones y se destruyan. De hecho, aseguró que él pensaba que se hacía así, y que una vez utilizadas en la instrucción, las pruebas examinadas se destruían.

Rubalcaba se detuvo más en criticar la actitud que ha mantenido el PP en este caso, por haber sugerido que la “Operación Galgo” pretendía desprestigiar a una exconcejal del PP como es Marta Domínguez o que se puso en marcha para apartar el foco de la actualidad del caos en los aeropuertos provocado en diciembre por la huelga de controladores aéreos, tal y como afirmó el vicesecretario general de Comunicación de los populares, Esteban González Pons.

El vicepresidente, que recordó que la investigación por presunto dopaje también afectó a atletas más cercanos al PSOE, calificó la interpretación del PP como “disparate”, “dislate”, “sencillamente demencial” y propia de “alguien que tiene una obsesión”.

A este respecto, explicó que la policía judicial interviene a órdenes de un juez, que es “quien decide todo, lo que se hace y las fechas”; sobre éstas en particular, recordó que la propia Guardia Civil informó que la instrucción de la jueza de arrestar a Marta Domínguez se produjo siete días antes de que estallara la huelga de los controladores.