CCOO valora positivamente los acuerdos del Consejo de Ministros pero denuncia opacidad en las actuaciones del Ministerio de Seguridad Social
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CCOO valoró positivamente “los avances en brecha de género y enfermedad profesional por Covid-19” aprobados este martes por el Consejo de Ministros, pero denunció “la opacidad que el Ministerio de Seguridad Social mantiene en muchas de sus actuaciones”.
Así lo indicó el sindicato en su valoración sobre las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros en relación al nuevo complemento en las pensiones contributivas para reducir la brecha de género, el reconocimiento de enfermedad profesional para sanitarios y socio-sanitarios afectados por Covid-19, y las mejoras en el Ingreso Mínimo Vital.
Sobre el complemento en las pensiones, CCOO aseguró que hace “una valoración positiva” y que la medida llega tracias a “un amplio trabajo de discusión en el diálogo social”.
“La nueva figura debe valorarse como un paso relevante en la dirección adecuada, que permite reorientar en el sentido correcto sustituyendo el anterior complemento por maternidad por uno nuevo para garantizar que de forma expresa sirve para luchar contra los efectos de la brecha de género en relación a una de sus dimensiones especialmente relevantes como son los periodos de cuidado de hijos”, declaró el sindicato.
Asimismo, agregó que el nuevo complemento “revierte las exclusiones que sí contenía el diseño original (madres con un hijo, mujeres con jubilación anticipada voluntaria, etc), y se ajusta a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declaró contrario a la normativa comunitaria de igualdad el antiguo complemento de maternidad aprobado unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular en 2015”.
Sin embargo, la organización advirtió que, “pese a estos avances”, el nuevo complemento “es susceptible de mejora y perfeccionamiento tanto en su extensión y cuantía como en las características de acceso al mismo”, y que, por ello, “siendo una buena noticia su aprobación, aún no puede considerarse un instrumento completamente ultimado y será necesario seguir avanzando en el mismo”.
Por otra parte, sobre el reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional para los sanitarios, CCOO reivindicó que la aprobación de la medida “es fruto de la movilización sindical” realizada desde el inicio de la pandemia.
Así, tras ensalzar el trabajo realizado por las organizaciones sindicales para pedir la aprobación de esta medida, CCOO criticó que el Ejecutivo la haya aprobado “sin aviso previo” así como que, “si bien supone un evidente paso adelante al reconocer, aparentemente, el carácter de enfermedad profesional de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, manifestamos nuestra preocupación por que no dé una cobertura completa a todas las personas potencialmente afectadas por su empleo en centros sanitarios y sociosanitarios”.
Por ello, CCOO reivindicó que también sean reconocidos con este mismo derecho la totalidad de actividades sanitarias y socio-sanitarias, lo que incluye al personal de ambulancias, servicios funerarios, y todas las residencias de mayores (no sólo las medicalizadas), así como al conjunto de actividades auxiliares que participan en la atención sanitaria y sociosanitaria y que están expuestas al contagio por contacto con pacientes”.
Por último, en relación al Ingreso Mínimo Vital (IMV), CCOO criticó que “el Ministerio de Seguridad Social mantiene en la más estricta opacidad todas sus actuaciones respecto de esta prestación” y que ésta “está sujeta a la rendición periódica de cuentas de gestión en las comisiones Ejecutivas y Consejo del INSS”, pero que “esta obligación se incumple sistemáticamente desde su aprobación hace ya más de medio año”.
Asimismo, criticó que el Consejo de Ministros apruebe abra la posibilidad a que organizaciones no gubernamentales certifiquen situaciones de vulnerabilidad, ya que “ocuparían una responsabilidad que le debe competer exclusivamente a la administración pública”. Para CCOO, “el recurso a entidades ajenas a las administraciones públicas no es la mejor solución para encubrir la existencia de excesivos filtros en la solicitud y gestión del IMV”.
“Las entidades del tercer sector pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad, pero la evaluación, y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas como forma de garantizar la equidad, igualdad en el acceso y plenas garantías en los diagnósticos de las situaciones de vulnerabilidad”, concluyó el sindicato a este respecto.
(SERVIMEDIA)
02 Feb 2021
IPS/gja