La institución recuerda que en octubre dirigió una recomendación en ese sentido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras recibir una queja colectiva de la asociación de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts).

En opinión del Defensor, "el personal que desempeña su actividad en centros sanitarios y sociosanitarios constituye la punta de lanza sanitaria frente a la pandemia", por lo que "es el colectivo de personas objetivamente más expuestas al riesgo de contraer" el coronavirus y el que tiene "un mayor porcentaje de población contagiada".

Así, la institución defendió la necesidad de que para estos profesionales se considere que el Covid-19 no solo sea accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, como sucede con carácter general para cualquier trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, sino como accidente de trabajo, a efectos de Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y asistencia sanitaria).

De esta forma, y en línea con otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania, el Defensor subraya que la calificación de enfermedad profesional otorga a los profesionales sanitarios la mayor protección social posible en caso de padecimiento de la citada enfermedad infecciosa, sobre todo para las secuelas a largo plazo (más de cinco años desde el contagio), algo que a día de hoy no debería descartarse.