En una nota informativa, el CGE resaltó que entre las mejoras introducidas por el nuevo reglamento hay aspectos positivos en relación con la transparencia y la credibilidad de la información financiera, así como que “clarifica, en gran medida, buena parte del articulado de la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) que presentaba dificultades en su interpretación y comprensión”. Así, según el Registro de Economistas Auditores (REA), que forma parte del CGE, los principales avances se han producido en materia de independencia, incompatibilidades y estructura organizativa.

No obstante, consideran que “se siguen manteniendo algunos aspectos perjudiciales para los auditores y sociedades de auditoría de pequeña y mediana dimensión al imponer, en algunos casos, una serie de requisitos y complicaciones en la gestión que no aportan mejoras en la calidad de las auditorías ni valor añadido en la actividad profesional y que, sin embargo, favorecen la concentración del mercado, siendo este uno de los problemas actuales del sector”.

Asimismo, la principal crítica por parte de los economistas es la relativa a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la LAC, ya que “obligará a los auditores a adaptarse a la norma en un tiempo récord”.

En cuanto a la modificación del Plan General de Contabilidad (PGC), los economistas contables consideran positivo “que la administración haya tenido en consideración las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, ya que, a partir de este mes de enero de 2021, sólo aquellas empresas que no utilicen el PGC de pymes tendrán la obligación de aplicar los nuevos criterios de reconocimiento y valoración de activos, pasivos financieros y de ingresos, de acuerdo con esta última modificación”.

El presidente del CGE, Valentín Pich, señaló que “el nuevo Reglamento refuerza la confianza y credibilidad de los auditores, incrementando la transparencia y la independencia, regulando y resolviendo las posibles situaciones de incompatibilidad o falta de independencia”. Por otra parte, según el presidente de los economistas, “en la situación actual, la colaboración de los auditores de cuentas en la revisión de las ayudas concedidas por la UE contribuirá a mejorar la transparencia y se optimizarán los recursos públicos”. “En estos tiempos de excepcionalidad, toda la normativa que fomente esta colaboración será beneficiosa para la sociedad española”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, aseguró que “el Reglamento introduce muchos cambios que, sin duda, han dado como consecuencia un texto más homogéneo, que aclara en gran medida buena parte del articulado de la Ley de Auditoría de Cuentas, que presentaba dificultades en su interpretación y comprensión, y proporciona una mayor seguridad jurídica”.