La sesión comenzó con la retirada de ese pendrive como prueba a petición de su defensa. El pendrive fue presentado al inicio del juicio de manera sorpresiva. Para aceptar este dispositivo electrónico como prueba, el tribunal puso la condición de que la fuera aceptado por todas las partes y pudieran examinar su contenido, algo que Cifuentes no quería hacer porque, según sostuvo, contiene datos personales, sanitarios y citas que no quería exponer al escrutinio de las partes.

El dispositivo de almacenamiento contenía, según Cifuentes, una copia de seguridad de su agenda cuando ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en Madrid y, después, de presidenta de la comunidad autónoma. Esa agenda no se presentó como prueba en ningún momento durante los dos años que ha durado la instrucción de esta causa y supuestamente registraba un apunte del 2 de julio de 2012, como la fecha en la que debía defender su TFM, algo que ella misma ha reconocido durante esta vista que no hizo.

A lo largo de la cuarta jornada de este juicio han desfilado ante el tribunal varios alumnos matriculados en el máster y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que han descrito diferentes irregularidades para la expedición del título. Los docentes insistieron en dibujar la figura del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público que impartía el máster, como autoritaria y poco tolerante cuando le llevaban la contraria. Se le considera el urdidor de la trama y la persona que obligó a sus subordinadas a falsificar las actas. No está en el juicio porque falleció en 2019.

Varios de los alumnos que se han sentado ante el tribunal como testigos relataron distintas anomalías en el desarrollo del curso y en las condiciones para conseguir el título. Uno de ellos, Roberto Enrique Medina, profesor de la URJC y alumno del máster, explicó que apenas acudió a clase y que no presentó ningún trabajo final, lo que no fue obstáculo para que pudiera recoger su título, previo pago de las correspondientes tasas. Pese a este reconocimiento público y al escándalo que desató la investigación del caso, Medina aseguró que la Universidad no ha pedido que devuelva el título y que gracias a esa credencial pudo hacer su tesis doctoral.

La versión de Cifuentes chocó este viernes con lo declarado por la profesora del máster Esther González, quien indicó que se relacionaba sin problemas con Álvarez Conde a través del correo electrónico. Este detalle es importante porque la expresidenta madrileña justificó la inexistencia de esos trabajos en que el catedrático no se manejaba con soltura con el correo electrónico y por eso ella le mandaba los trabajos impresos a través de sus colaboradores en los puestos públicos que ocupó. En su momento, Cifuentes aseguró que tras dos mudanzas de domicilio y cinco de despacho, no conservaba ninguno de los trabajos y tampoco había registro informático de su envío porque nunca intercambió correos electrónicos con el catedrático.

Entre los testigos citados este viernes estaba también la profesora Laura Nuño, que aseguró al tribunal que varias de las actas que contaban con su rúbrica no fueron firmadas por ella. Tras los testigos han comparecido varios peritos que certificaron la falsedad de dos de las tres firmas que constan en el acta de TFM, que exhibió Cifuentes en su defensa cuando estalló el escándalo.

Junto a Cifuentes, están acusadas María Teresa Feito, exasesora del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y profesora de la URJC, a la que la Fiscalía atribuye presiones para que se falsificara el acta, y la profesora Cecilia Rosado, directora del máster, y autora confesa de la falsificación de las firmas en ese acta.

Al elevar sus conclusiones a definitivas, la Fiscalía mantuvo la petición de tres años y tres meses de prisión para Feito y 21 meses para Rosado, para la que pedía que se apicara el atenuante de confesión y de miedo insuperable. En caso de que no se acepte este último, el Ministerio público pide que se contemple su confesión como “muy cualificada”.

Según la fiscal, la expresidenta autonómica envió a Feito a la Universidad para “evitar las nefastas consecuencias políticas” que podía tener este escándalo para ella y responsabiliza a la asesora de presionar a Rosado para que confeccionara un acta falsa. El juicio tendrá una sesión más en la que las partes expondrán sus conclusiones y las tres acusadas podrán ejercer su derecho a la última palabra.