Las ONG rechazaron y condenaron este viernes las "presiones" que la compañía Berkeley Minera de España, promotora de esa mina de uranio, realiza sobre el CSN con el fin de que se resuelva lo más rápido posible el expediente de solicitud de autorización de la mina y la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo.

Estas organizaciones, que han denunciado en varias ocasiones este "peligroso proyecto" y las "constantes irregularidades" en su tramitación, aseguraron que han mantenido en todo momento un "escrupuloso respeto" hacia las decisiones del CSN, por lo que rechazaron las prácticas de Berkeley y pidieron al Consejo de Seguridad Nuclear que mantenga "su total independencia ante estas maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial".

Las ONG apuntaron que la misión del CSN es “proteger a los trabajadores y trabajadoras, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen”.

Por ello, reclamaron al presidente del CSN que haga caso omiso a las "inadmisibles presiones" de Berkeley y tome la decisión sobre este proyecto con "total independencia", para lo cual debe aplicar el "máximo rigor técnico" y "tomarse todo el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor a través de las diferentes cartas que ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear".

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazaron las amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento toma la decisión de prohibir la minería de uranio en España, algo que podrían materializarse en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Las ONG reiteraron que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan "riesgos ambientales, sociales y sobre la salud inaceptables", por lo que han solicitado el archivo definitivo del proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.