El informe muestra que en, ambos casos, costes como los medioambientales o los relativos al servicio de utilización del agua que figuran en los proyectos son muy inferiores al precio real o ni siquiera se contemplan, lo que da una imagen de "falsa rentabilidad".

El documento calcula por primera vez esos "costes ocultos" y el resultado muestra que estas obras se convierten en "auténticos agujeros negros de inversión pública con una escasa rentabilidad, que terminan siendo subvencionados a fondo perdido".

EMBALSE DE MELONARES

En el caso del embalse de Melonares, cuya construcción finalizó en 2007, el informe determina que en torno al 84% de los costes ambientales y del agua no se contabilizan para establecer el canon de regulación y las tarifas del agua, una cifra que asciende a más de nueve millones de euros, y que el nivel de recuperación de los costes de este servicio del agua es muy bajo y se sitúa en torno al 15%.

El total de costes a recuperar cada año asciende a 10.802.078 euros, frente a los 1.640.004 euros que representan el canon y la tarifa de utilización del agua girada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondiente al ejercicio 2018.

"De los resultados del análisis se puede concluir que, en el procedimiento seguido para la evaluación ambiental y la autorización del embalse de Melonares, así como en el de su financiación, se ha omitido una completa identificación y cuantificación de los costes del proyecto que han viciado las decisiones adoptadas”, explicó Francesc La Roca, economista de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

El embalse de Melonares se construyó con el objetivo de garantizar el abastecimiento de Sevilla y su zona de influencia tras la grave sequía de 1992 a 1995, finalidad que permitió que recibiera financiación europea. Sin embargo, desde el inicio de las obras hasta la actualidad se puso en marcha un programa eficaz de gestión de la demanda de agua, con campañas de ahorro y mejoras en las pérdidas de la red de distribución que garantizó el abastecimiento y no hacía necesario el embalse, según WWF y FNCA.

PROYECTO DE LA PRESA DE ALCOLEA

El otro caso analizado es el del proyecto de la presa de Alcolea, que se remonta 2000, cuando recibe de la Secretaría de Aguas y Costas el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del que en la actualidad solo está ejecutado un 20% de la obra porque su construcción está paralizada desde 2017.

El proyecto sigue vivo. De hecho, la Junta de Andalucía solicitó el año pasado al Gobierno terminar la construcción de esta presa, que, en opinión de WWF y FNCA, cuenta con un expediente ambiental con deficiencias y omisiones importantes desde el inicio.

En el caso de la presa de Alcolea, el informe demuestra que, si el proyecto incluyera los costes de tratamiento de las aguas del embalse, algo muy probable debido al grave problema de la contaminación de sus aguas con metales pesados de los relaves mineros, anularía la rentabilidad de la inversión de este proyecto.

Los costes de mantenimiento y explotación de la presa, incluyendo el tratamiento necesario de las aguas de la presa de Alcolea para su utilización, ascenderían a más de 28 millones de euros anuales. Repercutirían en 1.140 euros anuales por hectárea de nuevos regadíos.

"Creemos que es necesario una moratoria de la obra de la presa de Alcolea hasta que se haga una evaluación ambiental actualizada y más exhaustiva", indicó Abel La Calle, jurista de la Fundación Nueva Cultura del Agua,

La construcción del megaproyecto hídrico comenzó en 2012 y cinco años después se paralizó por un desacuerdo debido a un sobrecoste de la obra en un 20% (inicialmente su presupuesto ascendió a más de 52 millones de euros) ante el descubrimiento de unas características geotécnicas no previstas.

El estudio de WWF y FNCA determina que este proyecto sería muy poco rentable para la economía de la provincia por varias razones, entre ellas porque los datos de partida del margen neto de los cultivos que figuran en el informe inicial no se ajustan a la situación actual y, además, se calcula una recuperación de costes financieros en relación al agua de entre un 44% y el 56%.

Además, el expediente del proyecto sólo calcula los costes de mantenimiento y conservación tanto de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y el sistema de distribución, pero no incluye los de tratamiento de aguas.

El proyecto de terminación de la presa, que todavía no ha sido licitado, supone una inversión estimada de unos 95 millones de euros. A ello es necesario sumarle la construcción del canal de Trigueros (una obra complementaria para canalizar las aguas), la red de distribución de riego y la conexión del anillo Huelva, lo que eleva la inversión total a más de 544 millones de euros, de acuerdo al informe a partir de los datos de Acuaes (empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

"Una obra pública de esta magnitud tiene que justificarse por su necesidad, por lo que debe formar parte de un marco de planificación estratégico que dote de coherencia a la actuación con los objetivos de las distintas políticas públicas. En el caso de este proyecto no se ha desarrollado el análisis de su necesidad con rigor y es necesario replantearse si queremos invertir millones de euros de las arcas públicas en una obra que no tiene sentido hoy en día, cuando existen otras inversiones prioritarias que sí benefician a toda la sociedad”, explicó Rafael Seiz, técnico de planificación hidrológica de WWF.