A través de un comunicado, el colectivo mayoritario de víctimas reprochó al Ejecutivo el haberse acogido, en la demanda de la Abogacía del Estado, a la “interpretación de la ley” que más puede facilitar que el partido de Arnaldo Otegi vuelva a las instituciones.

Según la AVT, “la fórmula de la impugnación de las candidaturas -incluso de todas las candidaturas- deja abierta la puerta a que los tribunales permitan discriminar entre las candidaturas, propiciando que algunas o muchas de ellas puedan colarse en los ayuntamientos y diputaciones vascos y navarros”.

La asociación que preside Ángeles Pedraza sostuvo que “es evidente que el Gobierno ha buscado pretextos falsos para no utilizar la vía más eficaz para impedir la vuelta de ETA a las instituciones: la Ley de Partidos”.

Según la AVT, la Ley de Partidos “establece, con toda claridad, que un partido declarado ilegal no puede servirse de partidos legales para regresar a la legalidad, porque es un fraude. Obviamente, tampoco pueden servir al propósito del partido ilegal, por el simple truco de presentarse en coalición”.