Según el Consejo General de Agentes de Aduanas, este endurecimiento supondrá el desplazamiento de la actividad a otros países de la UE y la concentración del sector, lo que conllevaría la pérdida de hasta 10.200 empleos en España para 2025, según un informe elaborado por EY que estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa “ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica”.

En concreto, el informe de EY también advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior, al señalar que “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del proyecto de ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE”. De esta manera, apuntó el Consejo General, “España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio –y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia– y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia”.

Para el presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, Antonio Llobet, “el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación y avance de la economía española y consideramos que las medidas del proyecto de ley perjudican seriamente al atractivo comercial y a la competitividad de España en el marco europeo”.

Asimismo, indicó que “la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas en el Proyecto de Ley pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables”.

“Exigimos una Ley Aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”, agregó.

Además, el informe considera que, una vez que se establezca el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia, “parece previsible que los operadores eludan la aplicación del muy riguroso régimen de responsabilidad que pueda estar vigente en España”. Las consecuencias, aseguró Llobet, “recaerán sobre el empleo en un sector que se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por operar desde otros países de la UE”.

Por otra parte, el Consejo advirtió que, según el informe, “el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado, de forma que unas pocas multinacionales con el músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el proyecto de ley, y que también ofrecen servicios de representación aduanera, coparán la logística ligada a la exportación e importación de mercancías”.

De esta forma, estima que podrían perderse entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad y otros 700 a 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.