El magistrado les imputa un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa. Velasco ha procesado asimismo por esta acción a la dirigente etarra Saioa Sánchez, a la que acusa de ser la responsable del comando cuando tuvo lugar el atentado y de haber suministrado los explosivos necesarios para llevar a cabo la acción terrorista.

El auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional señala que en la mañana del 9 de octubre de 2007 Pastor y Etxebarria colocaron en los bajos del coche del escolta una bomba-lapa preparada para activarse con el movimiento mientras Zapirain vigilaba los alrededores provisto de un “walkie talkie” para comunicarse con sus compañeros de comando. Los etarras llevaban tres meses vigilando los movimientos de la víctima.

La explosión se produjo sobre las 13.25 horas cuando el coche circulaba por la calle Zamácola. El escolta, que tenía encomendada la protección del concejal del PSE en Galdácano (Vizcaya) Juan Carlos Domínguez, logró salvar la vida aunque resultó gravemente herido. Uno de los motivos fue, según señala el auto de Velasco, que los etarras colocaron la bomba bajo el asiento trasero y no debajo del lugar del conductor.

La deflagración hirió además a otras tres personas y causó daños materiales en los coches y las viviendas de los alrededores. La acusación se basa en parte en la declaración prestada por Zapirain tanto ante la policía como ante el juez, en la que reconoció los hechos e inculpó a sus compañeros de comando.

A lo miembros del “comando Otazua” se les atribuye además en otras causas el asesinato con coche-bomba del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz, que tuvo lugar en Santoña (Cantabria) el 29 de septiembre de 2008, y el asesinato el 19 de junio de 2009 del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles.