En concreto, el departamento que dirige Rocío Ruiz, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, ha previsto la participación de 28 trabajadores y trabajadoras que han colaborado en la organización de las pruebas y han servido de apoyo a las personas participantes en la realización de los ejercicios.

Estas personas proceden de centros como la propia Dirección General y el Centro de Valoración y Orientación en la provincia de Sevilla; y los Centros de Valoración y Orientación de Jaén, Málaga, Granada y Córdoba.

El Gobierno andaluz recordó en un comunicado que la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía regula las medidas de acción positiva necesarias en el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas andaluzas. Asimismo, regula la exención de algunas pruebas, la aplicación del sistema de concurso a personal laboral y la reserva de plazas de un cupo no inferior al 10% de las vacantes.

Dentro del mismo, se reserva un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. Por otra parte, la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales deberán adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes de tiempos, medios y de accesibilidad.