Sanz se refirió al contenido de la sentencia en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid desestima la demanda interpuesta por Uber a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de aceptar las tarifas de precio cerrado del taxi.

“Lo que pretendía Uber era una liberalización de las tarifas del taxi de Madrid para influir, con su sistema de cálculo de precios, en el funcionamiento de un servicio público como es el taxi”, indicó Sanz.

Sin embargo, subrayó, “la sentencia es clara cuando recuerda que el taxi es un sector regulado por la administración con tarifas intervenidas y fijadas por esta que, junto con los titulares, usuarios y empresas intermediadoras, es la encargada de velar por su cumplimiento”.

Según la FPTM, la sentencia refuerza las garantías que ofrece el sector del taxi en la contratación y en el precio del servicio hacia los usuarios, “frente a los algoritmos de alta demanda que aplican las empresas VTC.

La sentencia admite el punto relativo al indicador del luminoso, donde Uber solicita que se indique de forma especial el servicio que se está realizando; así como el referente a la no admisión de paradas para dejar o recoger pasajeros durante este tipo de servicios de tarifa precontratada.

“Desde el sector nos mostramos satisfechos con esta resolución y quedamos pendientes de que se corrijan lo antes posible estos puntos con la modificación de la Ordenanza Municipal del Taxi que está en fase de redacción y avanzada ya en el trámite administrativo”, concluyó Sanz.