Así consta en el resumen remitido a los agentes sociales, al que ha tenido acceso Servimedia, y en el que se hace alusión a los temas que se habían incluido en el paquete de derogación de la reforma laboral del acuerdo programático del Gobierno de coalición.

Si bien en dicho acuerdo se especifica la derogación urgente de la limitación temporal del convenio colectivo -esto es recuperar la ultraactividad- y de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, en el documento resumen para los agentes sociales se habla de “abordar” aspectos de la negociación colectiva como la ultraactividad de los convenios, la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”, los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el “refuerzo de la representatividad” de las partes negociadoras y la “seguridad jurídica en su aplicación”.

Esas medidas se incluyen en una reforma para la “modernización de la negociación colectiva” que tiene el objetivo de “adaptar” este ámbito a “las necesidades de empresas y sectores”.

Además, se propone una reforma para “asegurar un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes” y plantea “avanzar hacia la equiparación” de las condiciones de trabajo de los subcontratados y “reforzar” la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas.

Otra de las reformas propuestas plantea simplificar las modalidades de contratación y generalizar la indefinida, devolver la causalidad al contrato temporal, revisar la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introducir “mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad, penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración”.

Otras reformas planteadas por el Ejecutivo hacen referencia a establecer un modelo de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permanente que se financie con la creación de un fondo tripartito, “garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo” para los repartidores de las plataformas digitales o ‘riders’ dándoles acceso a protección social y formación, “simplificar” los incentivos a la contratación y los requisitos para las empresas, revisar el contrato en prácticas y para la formación y aprobar el Estatuto del Becario.

Estas reformas “deben ser abordadas en el marco del diálogo social” y suponen un coste de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023, según se ha trasladado a los agentes sociales.