La resolución ha sido aprobada en la última asamblea general de la FAPE a instancias de la Asociación Vasca de Periodistas.

El texto condena "la injerencia de las administraciones públicas en el ejercicio periodístico de determinar qué se puede difundir como noticia".

A juicio de la FAPE, no dar cobertura informativa a hechos noticiables "iría en contra de la propia función de los medios de comunicación y de sus profesionales".

El pasado 28 de febrero, la Cámara vasca instó a la Dirección General de EiTB a no permitir que representantes de organizaciones ilegalizadas o no legales "sean invitados a programas de entrevistas, debates, tertulias o de cualquier otro formato del ente público vasco".

La FAPE insiste en que "determinar a priori que sólo se deba informar o dar voz exclusivamente a los interlocutores que vayan a expresarse en un determinado sentido, implicaría negar la existencia de otro tipo de realidades y de posicionamientos, lo que privaría a la sociedad del conocimiento de la realidad en su conjunto".

Para la federación que preside Elsa González, la democracia "tiene entre uno de sus pilares fundamentales el derecho a la libertad de expresión, por lo que son los protagonistas de los hechos informativos los únicos responsables de sus acciones y declaraciones y, en consecuencia, serán ellos los que deban hacer frente a las responsabilidades penales de las mismas si las hubiere".

La FAPE reivindica "el derecho de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y de sus profesionales, para discernir sobre los hechos noticiables con el objetivo de proporcionar a la sociedad una información completa de la actualidad, sin condicionamientos previos sobre las materias sobre las que se pueda o no informar".