El consejero de educación, Enrique Ossorio, manifestó que estos pilares "se ven amenazados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe).

Ossorio dijo que el objetivo de esta iniciativa del Ejecutivo regional es "garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad y el desarrollo integral de los alumnos, y, de manera específica, de aquellos que presentan necesidades educativas especiales".

En este sentido, indicó, la nueva ley regulará la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Para ello, relató que se asegurará la existencia de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, y la escolarización en Centros de Educación Especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios.

Asimismo, la normativa señalará que se tendrá en cuenta la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un Centro de Educación Especial, con el fin de que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno. En la actualidad, este tipo de centros acoge al 8,3% del alumnado con necesidades de apoyo educativo.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Esta nueva ley "apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente al planteamiento de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos", según Ossorio.

Entre otras medidas, se apostará por la realización de pruebas externas que fomenten la calidad y se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, como lengua oficial y vehicular de España.

El Ejecutivo autonómico insiste en que garantizará la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única.

EDUCACIÓN CONCERTADA

El Gobierno de Ayuso asegura que la nueva normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social.

Ossorio afirmó que este concepto ha quedado excluido en la nueva ley educativa estatal, ya en vigor, "poniendo en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación".

En el presente curso escolar, el 29,6% de los alumnos de la región estudia en un centro concertado, un porcentaje que, en la ciudad de Madrid, según los datos del curso pasado, es muy superior.