El sargento, que en ese momento estaba inmerso en un proceso penal en el que él y su esposa estaban acusados de los delitos de cohecho, extorsión, amenazas y contra la salud pública, quería conocer si se había intervenido su teléfono o el de alguno de sus colaboradores.

“Es evidente el interés del propio sargento o de otras personas relacionadas con él en conocer la existencia de controles telefónicos que podrían afectarlos en sus actividades irregulares”, señala la sentencia hecha pública hoy.

En concreto, los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, presididos por el juez Ángel Calderón, han desestimado el recurso interpuesto por el sargento Alcaraz y han confirmado la sanción impuesta en mayo de 2005 por la Dirección General de la Guardia Civil

Este organismo impuso a Alcaraz una sanción disciplinaria de pérdida de veinte días de haberes como autor de una falta grave de quebrantamiento del secreto profesional, en virtud del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La sentencia considera probado que el 13 de julio de 2004, sobre las 8.15 horas, el sargento acudió a las dependencias de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que se encontraban vacías.

El agente se dirigió a las oficinas de la Plana Mayor de la Unidad, donde sustrajo de un cajón y posteriormente fotografió un listado con todas las intervenciones telefónicas que se seguían en las diversas investigaciones que se seguían en el departamento. Fue grabado por las cámaras de vigilancia.

Este documento tiene carácter secreto, ya que los datos que contiene se vierten y plasman en diversas investigaciones judiciales amparadas bajo el secreto de sumario. De hecho, su uso está restringido a los miembros de la Unidad que elaboran y analizan las operaciones en marcha.