El Pleno del Parlamento andaluz ha dado esta tarde su visto bueno al Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, una iniciativa de la Junta de Andalucía que fue enmendada sin éxito por el PP e IU. El texto es devuelto ahora a la Comisión de Vivienda y Ordenación del Territorio para seguir su tramitación.

El resultado de la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el PP fue 55 votos en contra, 44 a favor y 4 abstenciones, mientras que la enmienda en forma de texto alternativo presentada por IU obtuvo el rechazo de 99 votos y sólo seis a favor.

Durante el debate, los socialistas tuvieron que enfrentarse a la oposición tanto de los populares como del grupo de Izquierda Unida, que en boca de su portavoz, José Manuel Sánchez Gordillo, consideró que el proyecto de ley “lo ha hecho el doctor Frankestein (en alusión al consejero), una ley con retazos de cadáveres que ya no sirven para nada”.

Agregó Sánchez Gordillo que es “clave en este momento en que ha fracasado el mercado no seguir de rodillas delante del ídolo del mercado. Hay que intervenir porque si no el derecho a la vivienda no es real”.

Por su parte, la portavoz del PP, Alicia Martínez Martín, denunció que el texto de la Junta olvida que la ley “no da competencias” en la materia a los ayuntamientos, y que tampoco contempla una dotación económica suficiente. Una ley, lamentó, que “tampoco aborda el fenómeno del chabolismo” y acusó a la Junta de elaborarla “para hacer propaganda”.

A ambos portavoces replicó el socialista José Caballos afirmando que con esta normativa “cumplimos uno de los compromisos por el que el PSOE ganó por octava vez las elecciones”.

EDIFICIOS SOSTENIBLES

Fue el 4 de noviembre de 2008 cuando el Consejo de Gobierno andaluz autorizaba el inicio de los trámites de este texto legislativo, pionero en España, que se propone regular el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces.

El documento presentado por la Junta, configurado por seis títulos

y 25 artículos y que esta tarde defendió el consejero de Vivienda, Juan Espadas, atiende especialmente al concepto de vivienda de calidad entendiendo ésta no sólo como el recinto físico en el que se vive, sino también el conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano.

Además, establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.

De acuerdo con los objetivos planteados, las Administraciones públicas estarán obligadas a favorecer el ejercicio del derecho a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma; no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cada localidad andaluza mayor de 5.000 habitantes deberá elaborar y mantener.

La creación de este registro, una de las principales novedades de

la futura ley, permitirá determinar el número de solicitantes de vivienda protegida; conocer de manera exacta cuántos inmuebles y de qué tipologías se necesitan en cada municipio, y pasar así de estimaciones a datos reales de demanda en los que se basarán las distintas políticas e iniciativas de las administraciones en esta materia.

Como instrumentos para promover y garantizar el derecho constitucional y estatutario, se establecen los planes municipales y autonómicos de vivienda. En estos documentos, los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el registro público municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo regulado en la Ley.

DERECHO A DEMANDAR

Una vez que el Parlamento autonómico apruebe el texto definitivo, lo cual espera la Junta que se produzca antes de final de año, los andaluces que reúnan los requisitos establecidos podrán demandar a las administraciones cuando no existan o no estén adecuadamente elaborados los planes, o bien cuando el planeamiento urbanístico no recoja las disposiciones necesarias para la construcción de las viviendas requeridas.

La futura ley tendrá garantizada su financiación por cuanto la Junta de Andalucía, a través de sus planes de vivienda, consignará en sus presupuestos las cantidades necesarias para ello, incluyendo la gestión de las ayudas estatales.

El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros.

De igual manera, la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda.