Se dirige a miembros de diferentes ramas de la atención social y jurídica, la psicología, el derecho y las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de formar profesionales que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.

Bajo el título 'Facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales', el curso enseñará cómo acompañar a las personas con discapacidad intelectual inmersas en un proceso judicial, tanto si son víctimas como acusados o testigos.

Estos facilitadores se encargarán de explicar, adaptar y acompañar a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo para que entienda qué es un procedimiento judicial y asegurar que esta comprende sus derechos y cualquier comunicación que ocurra durante este tiempo.

Además, estarán en contacto con policías, abogados, fiscales y jueces para que la persona a la que apoyan cuente con todas las garantías en el proceso judicial.

Desde Plena inclusión Madrid recuerdan que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en igualdad de condiciones está recogido en el Artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. A través de este curso, la Universidad Autónoma de Madrid, el Ministerio del Interior y Plena Inclusión Madrid quieren contribuir a garantizar ese derecho.

Según el informe realizado en 2016 por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) sobre la falta de accesibilidad a la justicia en el ámbito civil, las personas con discapacidad que se vieron inmersas en procesos de modificación de la capacidad de obrar se sintieron ajenas al proceso, del que no recibieron información y en el que no entendían lo que estaba sucediendo.

Por eso, la formación de profesionales que puedan acompañar a las personas con discapacidad intelectual en los juzgados es fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, junto a la aplicación de los ajustes de procedimientos razonables, tal y como recoge la legislación vigente