Según consideró hoy la Federación, el contenido de la norma "no se corresponde con las legítimas expectativas mayoritarias del movimiento de los consumidores andaluces", al "no reconocer el papel de las organizaciones de consumidores y usuarios como agentes económicos y sociales en la toma de decisiones que afectan a la ciudadaní".

Además, la propuesta incluye una batería de reivindicaciones en materia de participación ciudadana, servicios públicos, vivienda, medio ambiente, políticas sociales y relaciones de los ciudadanos con la Administración.

El documento recuerda que "participación no es sumisión", y advierte que "hay que evitar la doble moral de pregonar desde los poderes públicos la necesidad de la participación ciudadana para luego considerar una intromisión la demanda de una participación real en la toma de muchs decisiones y en el seguimiento de la ejecución de las mismas".

A este respecto, señala que "el desarrollo de una sociedad democrática no se consigue exclusivamente con la mera convocatoria de los ciudadanos cada cuatro años para que elijan a sus representantes políticos, ya que dicho voto no debe entenderse como un cheque en blanco a los partidos políticos, sino como parte de un compromiso de contar con la ciudadanía que los ha elegido para ese ejercicio de poder".

En el capítulo dedicado a laspolíticas en materia específica de protección de los consumidores, Facua también plantea la "necesaria redefinición" del papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), de forma que los ayuntamientos "puedan asumir más competencias en el control del mercado y abrir un proceso para transferir a las organizaciones de consumidores la actividad de atención e información al ciudadano".

Asimismo, la Federación pide el "fortalecimiento" del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andlucía, cuyo papel como máximo órgano de representación, consulta y participación de los consumidores "ha sido recortado" por la nueva normativa.