El supuesto desvío de dinero de las obras en la sede de Podemos había sido denunciado por el abogado de la formación despedido hace un año José Manuel Calvente. El letrado expuso al juez sus sospechas de que la diferencia entre el precio de licitación de las obras de la sede, cifrada en 650.000 euros, y el coste final de la rehabilitación, que alcanzo 1.361.055 euros, fue desviado.

Ahora el juez sostiene que el presupuesto inicial de la obra "no se correspondía a la realidad". Da crédito así a la declaración realizada por el arquitecto del proyecto, Manuel Campos García, que declaró en fase de instrucción que “la adjudicación por importe de 1.236.661,14 euros se correspondía con el precio real de mercado, aclarando igualmente que finalmente el coste de las obras ascendió a 1.498.680,51 euros, tras una desviación de la obra, por mejoras, equivalente al 21,19% del importe total".

Pese a acordar el sobreseimiento, el juez recuerda a Podemos su obligación de licitar las obras “realmente” en cumplimiento de lo establecido en Ley de Financiación de Partidos Políticos que indica que "los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación". En cambio, la empresa encargada de realizar las obras fue contratada directamente por el arquitecto de la reforma.

Tras el rapapolvo, el juez explicita que la "falta de licitación pública de dichas obras de rehabilitación no constituye delito alguno”. Refrenda la versión de que el precio de licitación inicial no se correspondía con los valores de mercado, con el previsible objetivo de “pagar un importe inferior por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, sin que conste por tanto que con el dinero por el que se adjudicaron las obras se haya realizado pagos ajenos a las obras de rehabilitación ejecutadas en el edificio".

También queda archivada la denuncia en la que Calvente acusó a Podemos de cometer un presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad por, supuestamente, haber accedido al ordenador de la abogada Marta Flor sin su permiso. Dice el juez que de confirmarse, esta actuación sería constitutiva de delito, pero que no ha podido ser investigada ni comprobada, al no existir una denuncia de la afectada.

El juez Escalonilla decide en otro auto el no sobreseimiento de la causa en la que se investiga si la consultora Neurona realizó trabajos electorales en las elecciones generales de 2019 por los que cobró más de 350.000 euros o si esos pagos fueron simulados. Así, acuerda mantener imputado a Podemos, por resultar más garantista para la formación.