Así lo trasladó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobaron ambos reales decretos a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Montero explicó que ambos reales decretos “refuerzan al sector empresarial ofreciendo certidumbre y mejorando la reputación y la confianza de los inversores en nuestro tejido productivo”.

Uno de los reales decretos establece un reglamento de desarrollo de la ley de Auditoría, que data del 2015, “detallando requisitos y formalidades que tienen que cumplir los profesionales que se dedican a este sector”. Al mismo tiempo, indicó, establece un régimen sancionador, “mejorando la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ICAC)”.

Según defendió, la actividad de auditoría de cuentas “cumple una importantísima función pública”, lo que hace “necesario” mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y a las empresas terceras que actúan en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores”.

El reglamento detalla además los mecanismos para, por ejemplo, evitar los conflictos de interés o para dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran con los trabajos de auditoría, “mejorando esta transparencia”. “En concreto, se obliga a emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público”, agregó a título ilustrativo, convencida de que la norma “mejorará la labor de la actividad de auditoría” y “va a repercutir sin duda en el incremento de la confianza de inversores en el mercado español”.

El real decreto sobre contabilidad actualiza los planes de contabilidad que rigen al sector empresarial, adaptando el derecho contable español con las normas financieras internacionales y en particular las europeas.