El presidente de la Asociación, Emilio Silva, afirmó en un comunicado que la alegación de Garzón al entender que la apertura de un procedimiento contra él en el Tribunal Supremo por vulneración de sus derechos fundamentales debería servir para poner fin a "la impermeabilidad del poder judicial español ante el Derecho Penal Internacional".

Silva señaló que “el poder judicial español lleva años maltratando a las víctimas de la dictadura, a los familiares de los desaparecidos que se están muriendo sin la menor atención por parte de nuestra justicia”.

La presentación de la demanda por parte de Baltasar Garzón en Estrasburgo es, en su opinión, el destino de la causa por las desapariciones de la dictadura. “Si las familias de los desaparecidos tenemos que salir al extranjero a buscar un auxilio que nos niegan nuestros jueces resulta intolerable ver campañas publicitarias del Consejo General del Poder Judicial con eslóganes como justicia para todos”, dijo.

En este sentido, se quejó de que “las familias de los 113.000 desaparecidos no han obtenido ni verdad, ni justicia, ni reparación y eso debe ser porque para el poder judicial español no son nadie”.