PSOE y PP pidieron a la JEC que interpretase lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sobre la campaña electoral y especificase los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral.

La JEC entiende que en el periodo electoral no se puede realizar la “edición y reparto (...), con financiación directa o indirecta de los poderes públicos, de libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, trípticos, soportes electrónicos (cd, dvd, memorias usb, etc.)”.

Tampoco se puede llevar a cabo “el envío de correos electrónicos o de mensajes sms; la distribución de contenidos por radiofrecuencia (bluetooth), o la inserción de anuncios en los medios de comunicación, que contengan alusiones a los logros obtenidos por cualquier poder público, o que utilicen imágenes, sintonías o expresiones coincidentes o similares a las empleadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

La JEC dice también que, entre la convocatoria de los comicios y el inicio de la campaña electoral, "las formaciones políticas y las candidaturas no podrán contratar directamente ni a través de terceros espacios soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral, ya se realice en lugares públicos (jardines, plazas, parques, etc.), ya en soportes comerciales de cualquier tipo, sean vallas, muebles urbanos para la presentación de información (mupis), objetos publicitarios iluminados (opis), cabinas, medios de transporte o similares".