Los pescadores insisten, según un comunicado, en embarcar a infantes de marina en sus buques. Por ello, encargaron un informe jurídico que concluye que no existe impedimento legal ni conforme a la legislación internacional, ni conforme al derecho interno.

Precisamente, el Gobierno sostiene la negativa de permitir el embarque de militares por motivos jurídicos y se limita a autorizar que lleven seguridad privada, es decir, agentes privados con armamento militar.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), junto con las dos asociaciones de atuneros Anabac y Opagac, han entregado a los grupos políticos este informe que legaliza el embarque de militares ante la discusión parlamentaria de mañana martes.

En la ronda de encuentros y contactos mantenidos por las asociaciones atuneras con los grupos se ha hecho hincapié, según Cepesca, en que el "escollo de la decisión no es económico, porque ellos mismos asumirían el coste del embarque de infantes de marina".

"Negarse supondría una dejación de funciones por parte del Gobierno al dejar en manos de mercenarios a sueldo la defensa de ciudadanos que trabajan en territorio español", sostiene.

Este martes, en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Vasco buscará el apoyo del resto para que se obligue al Gobierno a permitir el embarque de infantes, como solicitan los armadores.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, se defenderá de la moción consecuencia de interpelación urgente que formulará el diputado del PNV José Ramón Beloki.

Cepesca subrayó además que el Gobierno francés, desde el 1 de julio, ha embarcado en sus buques atuneros a cuatro fusileros de su Armada, con el armamento adecuado.