El portavoz de CiU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Jordi Xuclà, fue el encargado de defender la iniciativa de su grupo y explicó el recorrido de los tratados internacionales que se han firmado para erradicar ese tipo de munición y frenar sus devastadoras consecuencias.

Así, recordó las convenciones de Otawa (1996) y de Dublín (2008), que acordaron la prohibición del uso, producción, almacenamiento y transferencia de las minas antipersona y de las municiones en racimo, respectivamente. Ambos tratados fueron suscritos por España.

“Algo ha fallado cuando estamos en el mes de marzo del año 2011 y el Gobierno aún no ha adoptado las medidas necesarias para actualizar la Ley para que todo aquello que está escrito, pensado y definido simplemente para las minas antipersona se acomode, se adapte y se actualice para las municiones de racimo”, dijo.

Xuclà señaló que las minas antipersona y las bombas de racimo “son las armas que siguen matando después de la finalización de la contienda” y lo hacen “durante años”, porque es “muy difícil identificar las zonas minadas”.

La iniciativa de CiU propone que la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, incluya también la expresión “municiones de racimo” y, en consecuencia, regule la destrucción de las que existan.

Según el texto propuesto por CiU, el Ministerio de Defensa procederá, “en el tiempo más breve posible”, a la destrucción de todas las municiones en racimo almacenadas y a contribuir en la detección, desactivación y desmantelamiento de las que existan en otros Estados.

TODOS A UNA

En el debate parlamentario, todos los grupos, sin excepción, aplaudieron la iniciativa tomada por CiU. El diputado del PSOE Herick Campos hizo una loa al papel que las Fuerzas Armas han tenido en el desmantelamiento de minas antipersona y aseguró que España “ni produce ni exporta armas de racimo”.

Por su parte, la diputada del PP María Amparo Ferrando aplaudió la “oportuna” iniciativa de CiU pero anunció que en la tramitación parlamentaria su grupo presentará iniciativas para “pulir” y “enriquecer” el texto. Asimismo, recordó que en el mundo hay 110 millones de minas en más de 64 países.

José Ramón Beloki, del PNV, señaló que hay muchos países que no se han sumado a los tratados internacionales contra las minas antipersona y las bombas de racimo y que en los Estados que sí los han suscrito “queda mucho por hacer”. “Nunca está de más insistir”, dijo, pues no hay que perder la conciencia sobre el problema que suponen estos armamentos.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, señaló que las minas antipersona y las bombas de racimo “no hacen distinción” y “matan a un niño que jugaba al fútbol con la misma facilidad con la que acaba con la vida de un soldado”. Son armamentos, dijo, que causan entre 15.000 y 20.000 víctimas al año y dificultan el desarrollo de los países pobres donde se encuentran sepultadas.

José Luis Perestelo, de Coalición Canaria, manifestó que el Congreso debe poner su “grano de arena para erradicar algo tan peligroso como las bombas de racimo”.