Así lo consideran el 73% de los abogados especializados de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) consultados para la elaboración de su III Observatorio del Derecho de Familia, presentado este martes y según el cual el impacto de la crisis económica provocará que el incremento de consultas para divorciarse no se traduzca en un aumento “significativo” de separaciones y divorcios.

El incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año, de un 16% más respecto a 2019, responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales, según la asociación.

No obstante, dicho observatorio, que se elabora a partir de una encuesta a los más de 2.500 abogados especializados de la asociación, revela que sí se ha detectado una variación “significativa” en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados, tal como indica el 53% de los encuestados.

Los abogados de la asociación también han constatado un crecimiento “significativo” de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil y relativas a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social, según defendió más de la mitad de consultados.

CUSTODIA COMPARTIDA

En la misma línea, el Observatorio del Derecho de Familia también revela un “auge” de solicitudes de custodias compartidas, como indica el 40% de los asociados de Aeafa, cuya presidenta, María Dolores Lozano, defendió que el confinamiento ha permitido a muchos progenitores “comprobar que pueden compaginar el trabajo y el cuidado de los niños y aquellos que tenían la custodia exclusiva se han dado cuenta de lo importante que es tener tiempo para ellos mismos”.

La tercera edición del observatorio desvela, además, el “elevado” nivel del incumplimiento de visitas durante el estado de alarma, referido por más del 70% de encuestados y en gran parte motivado por la decisión de algunas juntas de jueces que recomendaron suspender cualquier sistema de visita o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma.

Para la presidenta de la asociación, esta circunstancia “sirvió de excusa a algunos progenitores para contravenir sus obligaciones e impedir que los niños compartieran tiempo con su expareja”.

Sin embargo, según el 77% de consultados, en los partidos judiciales donde se mantuvieron los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos o las intersemanales con pernocta, el nivel de incumplimientos fue menor o se pudo recuperar posteriormente los tiempos de visita.