Durante su discurso en el acto de apertura del nuevo Año Judicial, pronunciado en el Tribunal Supremo ante el rey Juan Carlos, Conde-Pumpido dijo que hay que “poner coto a una situación difícilmente aceptable en democracia: que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido político que luego ha sido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista puedan seguir ostentando el gobierno de las corporaciones municipales”.

Para el fiscal general del Estado, esta situación es “inaceptable”, por lo que abogó por propugnar “una fórmula general que permita erradicar directamente esa realidad”.

Conde-Pumpido considera que estas modificaciones podrían concretarse en la incorporación al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local “de una causa de disolución más, recogiendo precisamente ese supuesto de hecho, esto es, el que el Ayuntamiento sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado”.

Para el jefe de la Fiscalía española, esta modificación normativa no colisionaría con la doctrina constitucional, según la cual “el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos”, referida a supuestos de desvinculación entre el partido y el cargo electo.

LUCHA CONTRA ETA

Conde-Pumpido aprovechó su discurso para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2008. El fiscal general destacó que durante ese año ETA cometió un total de 35 atentados, 25 más que 2007, que causaron cuatro víctimas mortales.

Durante ese mismo periodo se produjo la detención de 105 personas vinculadas con la banda terrorista, 69 en España y las restantes en Francia. Además, 67 personas fueron arrestadas a consecuencia de su intervención en acciones violentas de terrorismo callejero.

"La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para quienes tenemos encomendada la defensa de los derechos de las personas y del interés general”, señaló.

Como ejemplo de esta lucha, Conde-Pumpido destacó los 48 escritos de acusación presentados en el año 2008 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra un total de 80 personas vinculadas de una u otra forma a la organización terrorista ETA, así como la celebración de 38 juicios orales que se han saldado con la condena de 61 personas, aproximadamente un 80 por 100 de los acusados por el Ministerio Fiscal.

En cuanto al terrorismo islamista, el fiscal general subrayó que en los cinco años posteriores a los atentados del 11-M “ningún integrante de una u otra célula terrorista de naturaleza ‘yihadista’ ha conseguido burlar la permanente vigilancia del Estado y ejecutar ataque alguno contra la vida e integridad de las personas o sus bienes”.

En el año 2008 fueron detenidas en España 61 personas por su vinculación con el terrorismo internacional de origen islamista, especialmente por su participación en actividades de cobertura, apoyo logístico o captación y adoctrinamiento de adeptos a las redes de actuación criminal.