Las partidas para la dependencia aumentan hasta 2.359 millones, un 34,4%, y el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales aumenta hasta 100 millones. Con ello “se podrían atender a 100.000 nuevos beneficiarios reduciendo la lista de espera de la dependencia en un 28% y generar más de 25.000 nuevos empleos en el sector”, celebró.

No obstante, señaló que es preciso reforzar con más de 2.000 profesionales los servicios sociales locales o de atención primaria e incrementar las ayudas de emergencia social.

Con las nuevas cuentas, la asociación se mostró optimista porque “se recuperan los recortes del año 2012 en dependencia y se reinicia la implementación de la ley”.

La media de espera en España para recibir las prestaciones de dependencia es de 15 meses, pero en determinadas regiones es más del doble o llega hasta dos años, mientras que sólo en tres comunidades es inferior a seis meses.

“Los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de Hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura”, matizaron los directivos de servicios sociales.

A su juicio, también es preciso “acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos”, así como “regular el copago y la prestación vinculada al servicio”.

Además, pidió a los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional que incrementen su presupuesto propio “para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia”.

Los Presupuestos contemplan una inversión de 600 millones en la aportación del Estado al sistema de dependencia, de forma que el 50% corra a cargo de la Administración General del Estado y la otra mitad de las comunidades autónomas, lo que permitirá reducir las listas de espera.

El Gobierno ya presentó un plan de choque para el Sistema de Atención a la Dependencia para dotarlo con 600 millones de euros más que focaliza en la teleasistencia y la profesionalización de los cuidados, al tiempo que pretende tender a residencias más pequeñas.

En concreto, el Ejecutivo tiene intención de invertir 1.400 millones de euros esta legislatura en nuevos equipamientos para cuidados de larga duración como residencias, centros de día o viviendas adaptadas para tender a un modelo con centros “más pequeños” y que potencie la teleasistencia y la digitalización.

El plan de choque contempla, además, dar un impulso a la teleasistencia y definirla como un “derecho subjetivo” del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su casa.

En octubre había 630.000 personas con dependencia con alguna prestación no residencial reconocida, pero que aún no tienen acceso a la teleasistencia. El Gobierno estima que, potenciando esto, un total de 870.000 personas más pasarían a beneficiarse de la teleasistencia.