Satse denunció que, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera, ocho comunidades autónomas siguen aún sin acreditar a sus enfermeras y enfermeros para que puedan vacunar de la Covid-19 sin obstáculos burocráticos o administrativos que perjudiquen la estrategia prevista por el Gobierno.

A escasos días de que se inicie el plan de vacunación de la Covid-19 previsto por el Ministerio de Sanidad, Satse ha constatado que las enfermeras y enfermeros de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, así como en Ceuta y Melilla, “siguen sin contar aún con el respaldo legal necesario para que, una vez acreditados, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica, caso, por ejemplo, de las vacunas contra el coronavirus”.

Por el contrario, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en España la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros.

Según el Sindicato de Enfermería, el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las ocho comunidades autónomas mencionadas “se debe a una clara falta de voluntad política y de reconocimiento al desarrollo profesional a las enfermeras y enfermeros, ya que la tramitación administrativa a realizar por su parte es tan sencilla y rápida que podría hacerse realidad en unos días”.

REGULACIÓN PENDIENTE

Satse subrayó que, en el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León Extremadura y La Rioja se cuenta, al menos, con un borrador de la regulación, pero en Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla está aún pendiente. En el caso de Murcia sigue también pendiente a pesar de existir un compromiso expreso del presidente autonómico para que estuviese resuelto en el pasado mes de octubre.

El Sindicato incide en que el hecho de que las enfermeras y enfermeros no puedan contar con la regulación necesaria para que puedan vacunar con todas las garantías y seguridad jurídica es especialmente grave en una situación como la que se va a producir en los próximos meses cuando se administrará la vacuna de la Covid-19 a millones de personas.