Este informe, publicado este lunes, estima también que hasta el tercer trimestre de 2020 se produjeron 13.095 lanzamientos o desalojos, 14.062 menos respecto a este mismo periodo en 2019. Todas estas cifras se han calculado en base a los datos de impagos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la renta media de España.

“Si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada, todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del estado de alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y obtener sus frutos”, señaló el director general de ANA, José Ramón Zurdo, quien insistió en que la nueva legislación no debe olvidarse de los propietarios, que deben ser compensados por la “expropiación temporal de su derecho de uso”.

“El Gobierno tiene que compensar a los arrendadores, como si de un justiprecio se tratara, con una indemnización justa que compense la limitación del dominio realizada, sobre todo en caso de arrendadores particulares, que pueden perfectamente estar viviendo la misma situación de vulnerabilidad que los inquilinos”, añadió Zurdo.

El dirigente de la ANA también criticó la nueva propuesta del Gobierno porque “no aporta ninguna credibilidad ni confianza en los inversores” y produce una reducción de la rentabilidad prevista, y porque estas medidas “nos pueden llevar al absurdo de que un ocupa que no paga impuestos tenga más derechos que un propietario”.

En esta coyuntura, la ANA ha solicitado al Gobierno normas claras, estables y equitativas para las dos partes, que doten de seguridad jurídica al mercado del alquiler.