El BOE recoge que esta extensión, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de mayo, entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Justifica esta ampliación para aplicar el control financiero permanente al IMV en “las dificultades prácticas que implicaría la fiscalización e intervención previa del reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación de IMV, teniendo en cuenta el extraordinario aumento de la carga de trabajo que supondrían dichos expedientes y los medios humanos y técnicos con los que cuenta actualmente la Intervención General de la Seguridad Social”.

Este régimen transitorio no resulta de aplicación a los actos de ordenación y pago material de la prestación.

El IMV, aprobado en mayo, es una nueva prestación económica dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación no contributiva de IMV será la función interventora y el control financiero permanente.

El periodo transitorio para aplicarlo terminaba el 31 de diciembre de 2020, pero cabía la posibilidad de extenderlo por otros seis meses.