Bárcenas declaró este viernes por videoconferencia durante dos horas desde Soto del Real, donde cumple condena por la primera etapa de la trama Gürtel. El extesorero es perjudicado en la causa `Kitchen´ que investiga el presunto espionaje a su familia realizado por su chófer, Sergio Ríos, orquestado desde el Ministerio del Interior y pagado con fondos reservados

Según explicó el extesorero al juez, en 2013 recibió en prisión la visita del abogado Javier Iglesias, relacionado con el PP, que le advirtió de que si daba información que pudiera perjudicar al partido su esposa acabaría en la cárcel. El letrado al que señala Bárcenas lleva la defensa del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de Gemma Alcalá, mujer del excomisario José Manuel Villarejo.

El magistrado también ha querido saber quién le recomendó a Sergio Ríos como chófer que, según fuentes jurídicas, el extesorero ha atribuido al entorno del PP. Esta afirmación acerca la posibilidad de que el juez impute a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, de la que la Fiscalía sospecha que podría estar al tanto de la operación.

El ministerio público ya solicitó al juez la imputación de Cospedal por esta causa y también la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que consideran el enlace entre el comisario Andrés Gómez Gordo y el policía jubilado José Manuel Villarejo, que habría sido el que captó a Ríos para que hiciera labores de espionaje a la familia.

García Castellón también ha escuchado el testimonio del hijo del extesorero y líder del grupo 'Taburete', quien le había solicitado personarse como perjudicado en esta causa. El magistrado se ha centrado en preguntarle por el asalto perpetrado por un hombre disfrazado de cura en el domicilio de la familia en 2013.

En ese momento, Luis Bárcenas se encontraba en prisión preventiva por su participación en la trama 'Gürtel', que le ha valido una condena de 29 años de cárcel. El hombre acudió al domicilio de los Bárcenas y asaltó la vivienda familiar, encañonando y reteniendo por la fuerza a Rosalía Iglesias, a una empleada de hogar y al propio Willy, a los que exigió la entrega de documentación. Por estos hechos, el asaltante fue condenado a 22 años de prisión.

En esta causa están imputados el excomisario José Villarejo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces segundo, Francisco Martínez; y varios miembros de la antigua cúpula policial, entre ellos el exnúmero dos del cuerpo, Eugenio Pino, que en su última declaración aseguró que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, estaba al tanto de la operación.