El proceso estará abierto hasta el 18 de enero. El proyecto normativo persigue reforzar el conocimiento de los operadores de su base de jugadores desde la perspectiva del juego seguro o responsable, así como las obligaciones de información general a los participantes en los juegos y las medidas existentes de juego responsable o seguro, con especial atención a los jugadores con comportamientos de riesgo, combinando acciones preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.

A juicio de Consumo, el canal de juego remoto presenta, en la actualidad, una “gran potencialidad” a la hora de poner en marcha medidas relacionadas con el establecimiento de entornos de juego más seguro que ayuden a reducir el riesgo de aparición de conductas de juego “problemático, compulsivo o patológico”.

En este punto, estima “perentorio” establecer un marco normativo de obligado cumplimiento para los operadores que suponga un “refuerzo y promoción” de pautas de juego responsable o seguro para garantizar el desarrollo de patrones de consumo saludable y evitar el desarrollo de comportamientos que pudiesen derivar en problemas para los usuarios, con particular atención en aquellos grupos de consumo “más intensivo o de riesgo”.

El proyecto normativo desarrollará las previsiones del artículo 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, relativo a la protección de los consumidores y políticas de juego responsable, sin perjuicio de que, tras las aportaciones recibidas a lo largo de este periodo de consulta pública, Consumo estime necesario desarrollar determinados aspectos específicos de la ley.

Además, también busca desarrollar la disposición adicional sexta de la Ley de Regulación del Juego relativa al régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas e Hípicas que será objeto de retorno al deporte.

El departamento de Alberto Garzón subrayó que este proyecto es “complemento imprescindible” del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que contiene un título relativo a políticas activas de información y protección de las personas usuarias.

El objetivo de esta consulta pública es recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, según recoge el propio texto.

De este modo, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario hasta el día 18 de enero, a través del correo electrónico dgoj.sgregulacion@hacienda.gob.es.