La organización recuerda que solo este año han llegado por vía marítima a las Canarias más de 2.000 menores de edad, muchos de ellos cerca de cumplir la mayoría de edad y sin que se esté pudiendo tramitar su documentación, lo que considera "un retroceso en el acceso a sus derechos que les genera malestar emocional e incertidumbre".

"Estamos presenciando cómo la mala gestión migratoria, entre otras cuestiones, está generando rechazo y xenofobia en las comunidades locales, cuando Canarias siempre ha sido tierra de acogida. No podemos permitir que la infancia sea víctima de las tensiones y conflictos entre administraciones", señaló Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

La organización recuerda que en los años de mayores llegadas a Madrid, Andalucía y Cataluña también hubo campañas de criminalización del colectivo y, sin embargo, los datos y el fiscal de Sala de Menores "han demostrado que no hay correlación entre el nivel de delincuencia y la apertura de centros de acogida para infancia y adolescencia migrante. Por ejemplo, en Andalucía el 0,52% de los adolescentes migrantes que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito".

Para rebajar la presión existente en Canarias, Save the Children también considera que la gestión migratoria debe pasar a ser una cuestión estatal y no solo insular.