Según indica el BOE, la decisión fue tomada el pasado 11 de diciembre por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dando cumplimiento así al acuerdo que el Gobierno alcanzó en noviembre con ERC, a cambio del apoyo para aprobar los Presupuestos de 2021, de poner fin a este control.

El acuerdo para el levantamiento de este control lo anunció el pasado 24 de noviembre el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en una rueda de prensa en la que indicó que este punto era el “más importante” de los incluidos en el pacto sobre los Presupuestos, ya que, según sus palabras, supone “el fin al 155 financiero aplicado por Rajoy y Montoro desde 2015” y “a una etapa negra para el día a día de la gente en Cataluña”.

“Con este preacuerdo acaba la tutela y el abuso austericida, injusto e ideológico de los ministerios de Hacienda a la economía catalana”, resaltó entonces el líder de ERC en el Congreso, asegurando que la medida “liberará y potenciará herramientas sociales para el futuro Gobierno de la Generalitat surgido de las urnas el 14 de febrero y que se enfrentará la crisis económica más importante de nuestro tiempo”.

Según la exposición de motivos de la orden de Hacienda publicada este viernes en el BOE, “se considera que actualmente no hay razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferencial para la comunidad autónoma de Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas de régimen común”.

En concreto, el texto recuerda que el acuerdo de 2015 establecía que la vigencia de la medida se mantendría hasta que desapareciera “la situación de riesgo para el interés general” en Cataluña “o fuera necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos” en dicha comunidad.

Además, añade que, “entre las circunstancias que sirvieron de fundamento a tal decisión se incluye, en primer lugar, el notable empeoramiento de la calificación crediticia” de Cataluña por parte de las agencias privadas de calificación crediticia.

En este sentido, la orden subraya que Cataluña, “en el período septiembre 2015 a junio de 2020, ha robustecido su situación financiera”, citando como prueba de ello que aun cuando su deuda financiera total se ha incrementado en un 17%, la deuda en manos de inversores y entidades financieras se ha reducido un 37%, reduciendo el riesgo de mercado. También añade que, pese al incremento del endeudamiento, el gasto por intereses de deuda en términos de contabilidad nacional ha pasado de 2.094 millones de euros en 2014 a 1.190 millones de euros en 2019, y que, asimismo, “la calificación crediticia de Cataluña se ha mantenido estable en los últimos cuatro años”.

Asimismo, destaca que la deuda a corto plazo de Cataluña ha pasado de suponer un 7,6% de la deuda total en septiembre de 2015 a un 2,5% en junio de 2020, “lo que ha reducido considerablemente el riesgo de refinanciación de esta deuda”, pasando de un nivel de disposición media de deuda a corto plazo de un entorno de 4.500 millones de euros hasta 2017 a 1.500 millones en 2019.

En esta misma línea, la orden añade que “desde el ejercicio 2015 la Comunidad Autónoma de Cataluña ha registrado una evolución muy favorable en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad”, pasando de registrar en el año 2015 un déficit del 2,9% de su PIB, incumpliendo en más de dos puntos el objetivo de estabilidad fijado para ese año, a un déficit del 0,4% en 2019, cumpliendo los objetivos de estabilidad de los años 2017 y 2018, lo que permitió a Cataluña pasar desde 2019 del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al compartimento de Facilidad Financiera. De esta manera, explica la orden, ya resultaron inaplicables parte de las condiciones establecidas en el acuerdo del 20 de noviembre de 2015.

Por último, Hacienda destaca que, “en consonancia con la normalidad que debe imperar entre las relaciones entre ambas administraciones, circunstancia que se evidencia en la celebración en los últimos ejercicios de las correspondientes comisiones bilaterales o de la participación de la comunidad en los diversos órganos de representación territorial”, Cataluña “ha cumplido sus obligaciones relativas al suministro de la información económico–financiera prevista en las disposiciones vigentes y ha facilitado toda la información accesoria solicitada, prestando toda la colaboración requerida, sin que se hayan producido circunstancias que permitan cuestionar en modo alguno la idoneidad de la información remitida”.

5 AÑOS EN VIGOR

Este mecanismo de control, realizado a través de un interventor, fue aprobado el 20 de noviembre de 2015 en un Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Aquel día, el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explicó que con este control se garantizaría que la Generalitat no destinaría “ni un solo euro contra las leyes y la Constitución”.

La decisión fue tomada después de que el 9 de noviembre de 2015 el Parlament aprobara una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España, que fue recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y suspendida al ser admitida a trámite.

De esa forma, el control pasó a ejercerse sobre todo el Presupuesto de la Generalitat y no sólo sobre el plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como ocurría hasta entonces.

Para realizar este control reforzado, la Intervención General de la Generalitat ha tenido durante este tiempo la obligación de remitir mensualmente una certificación de que los gastos de la Generalitat se destinan a las partidas previstas y no se desvían para otros fines independentistas. Además, esta obligación de información condiciona las autorizaciones del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo.

En concreto, el control se ha ejecutado a través de un interventor que debe dar cuenta mensualmente de a qué se destina cada euro del Presupuesto catalán y remite un certificado inicial, en 10 días, donde queda constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña.

Desde entonces, el control ha seguido vigente tanto durante el resto del mandato de Mariano Rajoy como con el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez en solitario y ahora con el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ambos con María Jesús Montero como ministra de Hacienda.

Además, en julio de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó dicho control, obligando a la Generalitat a informar de forma semanal para verificar que no destinaban recursos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta soberanista que tuvo lugar el 1 de octubre de ese año.

Por último, con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno también pasó a controlar de forma previa las cuentas de la Generalitat a través de sus órdenes de pago en las entidades financieras. Sin embargo, dicho control previo se desactivó en junio de 2018 tras el levantamiento del artículo 155.