“La actuación policial abusiva y la excesiva dependencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para aplicar las medidas de respuesta a la pandemia han dado lugar a violaciones de derechos humanos”, sostiene el informe ‘Crackdowns: Police Abuse and the Global Pandemic’.

La organización ha documentado casos de 60 países en los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley “han cometido abusos contra los derechos humanos con el pretexto de hacer frente al virus”. Entre ellos hay violencia, muertes, represión o limitaciones de la libertad de expresión e información.

En Irán, por ejemplo, Amnistía Internacional señala que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y gas lacrimógeno para reprimir protestas contra la falta de protección contra el coronavirus en las prisiones, documentando muertes y heridos.

Asimismo, sólo en los primeros cinco días del toque de queda declarado en Kenia murieron, al menos, siete personas y 16 fueron hospitalizadas por actuaciones policiales.

“Aunque quepa justificar la imposición de algunas restricciones de los derechos humanos durante una pandemia para proteger la salud pública o atender otras necesidades sociales acuciantes, las aplicadas en muchos casos por los gobiernos no han sido en absoluto razonables ni justificadas”, alertó la ONG.

Y es que “las fuerzas de seguridad están violando ampliamente el derecho internacional” durante la pandemia al hacer un “uso excesivo e innecesario de la fuerza para hacer respetar los confinamientos y toques de queda”, expresó el director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía, Patrick Wilcken.

DETENCIONES Y VIOLENCIA

Otro ejemplo de esta violencia se da en El Salvador, donde la policía habría disparado en las piernas a un ciudadano que salió a comprar comida durante el toque de queda.

“El profundo impacto de la pandemia en la vida de las personas hace aún más necesario que las actuaciones policiales se lleven a cabo respetando plenamente los derechos humanos”, añadió el portavoz de la ONG.

Otros casos documentados en el informe con vídeos señalan a la policía de Chechenia, quien se habría sobrepasado “propinando patadas y agrediendo a un hombre por no llevar mascarilla”.

Al mismo tiempo, una investigación de Amnistía Internacional y de la organización angoleña de derechos humanos Omunga revela que la policía encargada de hacer respetar en Angola las restricciones por el coronavirus mató a, al menos, siete jóvenes entre mayo y julio.

“En lugar de contener la propagación del virus, la decisión de practicar detenciones, hacer uso de la fuerza y dispersar violentamente las reuniones ha aumentado el riesgo de contagio, tanto para los agentes encargados de hacer cumplir la ley como para las personas afectadas por sus operaciones”, advierte la organización.

En la República Dominicana, por ejemplo, la policía detuvo a unas 85.000 personas entre el 20 de marzo y el 30 de junio, presuntamente por no respetar el toque de queda, según el informe.

RACISMO Y HOMOFOBIA

Asimismo, Amnistía documenta que, en los meses de marzo y mayo, fueron detenidas 510 personas en Turquía para ser interrogadas por publicar en redes sociales contenidos sobre el coronavirus, lo que constituye, a juicio de la ONG, “una clara violación del derecho a la libertad de expresión”.

Entre los más perjudicados por la violencia policial están, según el informe de Amnistía, colectivos racializados o personas LGTB, así como refugiados o solicitantes de asilo. Por ejemplo, en Eslovaquia se acordonaron los asentamientos romaníes que estaban en cuarentena, algo que “agravó el estigma y los prejuicios que sufren ya estas comunidades”.

Por último, la ONG afeó que muchos países también han aprovechado la pandemia como pretexto para promulgar leyes y políticas “que violan el derecho internacional y privan de garantías de derechos humanos” con iniciativas que restringen, por ejemplo, “el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión”.

Según documenta el informe, las fuerzas etíopes mataron al menos a 16 personas en la zona de Wotalita en agosto, tras convocarse protestas contra la detención de líderes y activistas locales a quienes se acusaba de haber celebrado una reunión sin respetar las restricciones impuestas por la pandemia.

Para Amnistía, es preciso que los derechos humanos sean “parte esencial de la actuación policial” y “las autoridades deben tratar la pandemia ante todo como una crisis de salud pública, que debe abordarse con medidas adecuadas”, por lo que reclamó a los gobiernos de todo el mundo que se atengan a “su misión fundamental de servir y proteger a la población”.