Según informa la Oficina del Defensor del Pueblo, familiares de los usuarios de estos centros han acudido a la institución para mostrar su malestar por esta situación. Tanto ellos como los trabajadores coinciden en apuntar que el traslado ha sido “precipitado y forzoso” y denuncian que éste supone una alteración en los hábitos cotidianos de 150 personas, discapacitadas intelectuales.

Los familiares apuntan que "el traslado no les ha sido comunicado en un plazo razonable y destacan que en la resolución del cese de actividad de estos centros no se prevé un riesgo apremiante que aconseje el traslado urgente e inmediato de los usuarios, dado que las deficiencias técnicas a las que se refiere dicha resolución no parecen justificar una medida tan drástica".

La oficina del Defensor del Pueblo, tras conocer los hechos, se ha dirigido a la Comunidad solicitando el informe en el que se puedan conocer las circunstancias que han determinado el cierre de estos centros. Además, ha pedido que se detalle la fecha en la que se decidió el cierre de estos centros y la fecha en la que ésta decisión fue comunicada a los trabajadores y a los usuarios.