El informe ‘Homofobia de Estado’ expone ante la comunidad internacional la situación de la comunidad LGTB ecuatoguineana a través de pruebas y testimonios de distintas violaciones de derechos humanos.

El documento reporta violencia sexual, embarazos forzados, explotación sexual infantil, alta mortalidad de personas transexuales, repudio familiar y social o supuestos ritos de conversión por parte de curanderos y la propia Iglesia Católica, a la que acusa de instigadora de un anteproyecto de ley para restar derechos a homosexuales.

En Guinea, la homosexualidad se fundamenta “sobre la definición como una patología”. El informe recoge testimonios y pruebas de detenciones a cuatro jóvenes acusados de homosexuales y otros casos de maltrato físico con lesiones graves, así como evidencias de las constantes violaciones de normas y acuerdos internacionales.

Por último, el informe expone una serie de recomendaciones a implementar con carácter de urgencia en el país centroafricano a partir del principio universal que prohíbe la discriminación, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la necesidad urgente de una ley de protección integral a las minorías sexuales.

El presidente de The Equality Advocavy Project, Rafael Aníbal, señaló que “como españoles, tenemos una responsabilidad moral ante una comunidad desprotegida en un país con el que compartimos fuertes vínculos históricos”.

En este sentido, emplazó al Gobierno de España a “denunciar públicamente la alarmante situación que sufre la comunidad LGTB en Guinea Ecuatorial y exigir, por todos los medios a su alcance, el cese de la vulneración a los derechos de estas personas”.

Las prácticas de conversión han cobrado mayor protagonismo en el país y se implementan en “instituciones opacas y conservadoras” como iglesias y curanderías “cuyo funcionamiento se desmarca de las leyes civiles”.

Asimismo, el colectivo LGTB del país acusa al Gobierno de promover la “homofobia de Estado” con “apología a la violencia homofóbica” por parte de representantes de las instituciones públicas y “violencia policial” contra las personas trans.