Según informó este viernes la Policía, en la llamada ‘operación Bolo’ han sido detenidas dos personas y a otras tres se las ha declarado como investigadas.

Las pesquisas comenzaron en julio de 2020, tras denunciar la Tesorería General de la Seguridad Social actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas en los partidos judiciales de Toledo y Torrijos.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, con lo que incrementaban así su margen de beneficio. Esto causaba un perjuicio a las arcas públicas, a lo que se sumaba que los encausados no solicitaban concurso de acreedores cuando deberían haberlo hecho dada su situación económica.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Hacienda pública, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

EMPRESAS TAPADERA

Los agentes de la UDEF han podido determinar la participación delictiva de 24 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social (fraude de cotizaciones) y de frustración de la ejecución.

Una de las mercantiles investigadas, ubicada en una localidad de Toledo, desde el inicio de su actividad en el año 2010, generaba deudas con Administración por el impago sistemático y continuo de cotizaciones.

El administrador de esta mercantil había constituido sucesivamente un total de nueve empresas, desde 1991, con la finalidad de encubrir las deudas generadas con la Seguridad Social, incumpliendo la obligación de solicitar los preceptivos concursos de acreedores, como muestra de transparencia frente a otros actores del tráfico mercantil, minimizando los perjuicios económicos a terceros.

Además, con el fin de evitar embargos y ocultar los beneficios reales de deudores, este empresario creó una sociedad instrumental sin deudas contraídas con la Hacienda pública, la cual fue utilizada en la facturación con proveedores, a pesar de que la misma carecía de trabajadores.