Vox dirigió al Ejecutivo cinco preguntas sobre las “medidas previstas para evitar dejar en manos extranjeras la compañía Telefónica” y los “riesgos” para los intereses de España de que pudiera llevarse a cabo esa venta, de la que se especuló en varios medios.

El Gobierno ha remitido su contestación y lo ha hecho literalmente en los mismos términos a las cinco preguntas. La respuesta asegura que la expansión del virus Covid-19 en España ha generado una situación excepcional, ante la cual “el Gobierno se ha comprometido a actuar con la máxima decisión, adoptando todas las medidas que sean necesarias para proteger a las familias, los trabajadores y los autónomos, particularmente los más vulnerables, así como para preservar el tejido empresarial y económico y el empleo”.

Las medidas, añade el Gobierno, se han articulado en torno a tres objetivos fundamentales: el primero y más importante, atender a la emergencia sanitaria; el segundo, tejer una red de seguridad para proteger a ciudadanos y familias, especialmente a los más vulnerables; y el tercero, “sostener el tejido productivo y el empleo, prestando especial atención a las pymes y los autónomos”.

Se tratan, según el Gobierno, “de medidas muy significativas desde el punto de vista cuantitativo que pretenden contener la extensión del virus en el plano sanitario y asegurar que se mantiene el tejido empresarial y se minimiza la destrucción de empleo, partiendo de que la caída de la actividad económica afectará de forma desigual a los distintos sectores económicos”.

Entre esas medidas, la respuesta del Gobierno destaca la Disposición Final cuarta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que introdujo un escudo de protección a las compañías nacionales consideradas estratégicas frente a su adquisición o control por inversores de fuera de la Unión Europea.

Estos no podrían a partir de entonces adquirir ninguna participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española ni hacer ninguna operación por la que obtengan el control de su órgano de dirección. En meses posteriores, el Gobierno amplió el blindaje frente a inversores no nacionales.