Estas actuaciones se plantean como proyectos tractores con efectos a largo plazo, realizados de forma cooperativa, involucrando a todos o casi todos los eslabones de la cadena de valor industrial en la que tenga intención de insertarse y con un carácter vertebrador del territorio, así como implicación de pymes, según informa en un comunicado el departamento que dirige Reyes Maroto.

Estos proyectos deben tener un impacto significativo en la competitividad, y contribuir a la doble transición verde y digital establecidos por la Unión Europea.

El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, explica que el objetivo de este llamamiento es “movilizar proyectos verdaderamente tractores con capacidad de transformación sectorial y con amplio impacto sobre la productividad, el empleo y el territorio. También se tendrán en cuenta los objetivos de digitalización y transición ecológica marcados por la Comisión Europea. Los resultados nos permitirán elaborar el mapa de los posibles grandes proyectos para la modernización de la industria española para el período 2021-2023 que serán financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Tras el análisis y evaluación de todas las propuestas recibidas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo definirá las áreas de interés para la realización de futuras convocatorias de ayudas para proyectos estratégicos para la transición industrial.

Industria aclara que la participación en esta consulta no genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para el apoyo de proyectos tractores, ni ninguna obligación a la Administración.

Entre los requisitos exigidos, el Gobierno pide que los proyectos tractores tengan un presupuesto mínimo de 40 millones de euros y entre sus objetivos habrán de figurar la eficiencia energética, la mejora de la sostenibilidad de su proceso o producto, la descarbonización de su actividad, la incorporación de aspectos de economía circular, el mejor aprovechamiento de recursos o la digitalización de la cadena de valor.

Los beneficios del proyecto no deberán limitarse a las empresas o al sector directamente involucrados en el proyecto, sino que deben ser de mayor relevancia y aplicación en la economía o sociedad a través de efectos de arrastre positivos definidos claramente, de manera concreta e identificable. El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 20 de enero de 2021.