La norma busca favorecer la viabilidad, la rentabilidad y subsistencia de los pequeños productores de alimentos e impulsar el consumo de proximidad, según explicó en rueda de prensa la ministra Portavoz, María Jesús Montero.

Este texto legislativo, propuesto por los ministerios de Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, supone una simplificación en los requisitos en materia de seguridad e higiene de la producción primaria, lo que permite la adecuación de las técnicas tradicionales de producción al marco sanitario vigente y facilita su puesta en el mercado de proximidad, para crear economía ligada al medio rural y contribuir a evitar la despoblación. Todo ello sin menoscabo de la necesaria seguridad e higiene de los productos.

El real decreto utiliza las flexibilidades previstas en lo dispuesto en los reglamentos de la UE en cuanto a la comercialización de productos alimentarios, que permiten adaptar su aplicación a la realidad productiva de España, y establece los criterios de higiene y seguridad alimentaria en los productos de origen animal. Se trata de una normativa específica para las pequeñas y medianas empresas alimentarias.

La norma es una revisión del Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, que utiliza la posibilidad que da la reglamentación europea a los Estados miembros para establecer excepciones, adaptaciones o flexibilizaciones. Se trata de una demanda histórica de determinados sectores productivos y que permite la adaptación del denominado “paquete de higiene” en España, compuesto por tres reglamentos, al nuevo contexto productivo y comercial.

En cuanto a instalaciones e infraestructuras de producción alimentaria y sus requisitos, el real decreto adapta la norma al tamaño y características de los establecimientos.

Establece las condiciones de higiene y seguridad necesarias para que estos pequeños establecimientos puedan realizar sacrificios de animales (aves y conejos) en sus instalaciones. En cualquier caso, solo se podrán sacrificar

animales criados en la propia granja o que hayan cumplido la estancia mínima establecida y con límites de sacrificio anual en cada caso, garantizándose así la máxima seguridad alimentaria.

La autoridad competente establecerá, para los pequeños mataderos y establecimientos que produzcan carne picada, pautas propias en torno a los muestreos establecidos en la normativa general cuando el análisis del riesgo lo justifique. Se establecen, asimismo, requisitos estructurales adaptados a los pequeños mataderos y mataderos móviles, adecuadas a su pequeño tamaño.

De la misma forma, la norma establece las pautas de higiene a los pequeños productores primarios para favorecer el consumo de proximidad y los canales cortos de comercialización. Se permite la venta directa de pequeñas cantidades de carne a consumidores y consumidoras o a establecimientos de venta al por menor, que podrá realizarse en la propia explotación o en mercados ocasionales o periódicos. La distancia entre la explotación y los mercados o establecimientos no puede superar los 100 kilómetros.

En cuanto a la información a las personas consumidoras, los productos deberán indicar el número de registro de la explotación en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias (Rgseaa), la descripción de la mercancía, el peso neto del producto y la fecha de sacrificio.

De la misma forma, los productos deberán informar del lugar de sacrificio del animal –en la explotación, de caza o de ganadería de lidia– y de si el producto deben ser cocinados antes de su consumo.

También se establecen medidas adicionales para la comercialización directa de leche cruda y se exige figurar como establecimiento autorizado inscrito en el Rgseaa. Se actualiza y concreta el listado de especies de caracoles silvestres que pueden ser comercializados y se actualizan los requisitos de higiene alineados con los reglamentos europeos.