Ángel Gabilondo (PSOE), Isabel Serra (Unidas Podemos) y Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid) le trasladan en la misiva “la necesidad de que desde el Gobierno regional se dé el impulso político y presupuestario necesario para que se cumplan todos los compromisos adquiridos” en el citado pacto.

Los tres portavoces exponen que “la pandemia ha empeorado mucho una situación que ya era suficientemente mala y precaria de partida y sería una poco razonable que un pacto histórico, como el de la Cañada, se malogre por no haber sabido dar respuesta adecuada desde la Administración regional”.

Asimismo, destacan que el citado pacto regional es “la herramienta que nos puede permitir transformar una realidad heredada de muchas décadas atrás, pero que es incompatible con una vida digna en pleno siglo XXI”.

Para ello, añaden, “lo primero es que las familias que viven en la Cañada Real puedan tener acceso a los suministros básicos. Estamos convencidos de que entenderá y se ocupará de esta grave situación como se merece”.

En la carta se informa a Ayuso de que desde hace ya más de dos meses, la población de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana está sufriendo continuos cortes de luz que están haciendo aún más difícil su ya precaria calidad de vida.

“Esta situación tan prolongada en el tiempo está haciendo imposible desarrollar las actividades más elementales: iluminación, calefacción, conexión a internet, uso de electrodomésticos, carga de baterías, higiene diaria, lavado de la ropa, cocina y alimentación, lectura y estudio”, añaden.

En la opinión de los tres grupos parlamentarios firmantes de esta carta, estos hechos pueden constituir un "problema de vulneración de derechos humanos, toda vez que el suministro eléctrico es considerado por la OMS como 'un requisito previo para la buena salu' y el acceso a la energía se configura como elemento esencial para una vivienda digna".

A la vez es, sin duda, un problema de salud pública, más grave aún si cabe en un contexto de pandemia como el actual, tal y como señala un informe del propio Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE) del Centro de Salud Ensanche de Vallecas, según estos portavoces parlamentarios.

Además, destacan en la misiva, "hay que tener en cuenta que, de las 4.000 personas afectadas por esta situación, casi la mitad son niñas y niños en edad escolar, según el censo que maneja el Pacto Regional por la Cañada".

"Conocemos los esfuerzos que están desarrollando las fuerzas de seguridad para desmantelar las plantaciones ilegales que parecen haber sido el origen de los cortes de luz.

Pero esto no puede ser impedimento para que tanta gente y tantos niños y niñas permanezcan hoy en día sin electricidad, a las puertas del invierno, sin que la Administración que usted preside ofrezca soluciones ante lo que ya es una emergencia social y humanitaria", concluyen.