Así lo comunicó este sábado la Asociación de Abogados Extranjeristas, al conocer los datos presentados en un seminario del CIDN. Este organismo está integrado en el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creado a partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989, y sus disposiciones son vinculantes para todos los estados firmantes de la Convención.

Según la asociación, España tiene “el dudoso honor de ser el principal paciente” de esta comisión.

De 62 casos pendientes de resolución, un total de 28, casi la mitad, son expedientes iniciados contra actuaciones del Estado español.

Excepto uno, todos tienen que ver con menores extranjeros. Seis de ellos se refieren a la negativa del Ministerio de Educación en Melilla a concederles plaza de escolarización a estos niños, a quienes se discrimina por su nacionalidad marroquí, pese a ser residentes en la ciudad autónoma.

Los demás expedientes se originaron por el sometimiento a pruebas de determinación de edad invasivas sin consentimiento, inadecuadas y abusivas a menores de edad.

Según los abogados extranjeristas, dichas pruebas “son claramente tendenciosas para calificarles como mayores de edad contra toda evidencia, a veces incluso documental, con tal de poderles expulsar como adultos”.

Los Ministerios de Interior y de Educación son los principales responsables de que España encabece el ranking, indicó, aunque la Fiscalía, “en su papel de principal protector legal de los derechos de los menores, no queda precisamente muy bien parada”.

“La deshonrosa posición de España en esta lista prueba que algo no funciona bien en nuestro país, y señalamos preferentemente a esa desbocada política de extranjería que pierde de vista los más elementales derechos humanos”, concluyó.