Los inversores, representados por el despacho de abogados Allen & Overy, dicen haber realizado inversiones por valor de 4.000 millones de dólares (unos 2.880 millones de euros) en proyectos fotovoltaicos en España. Entre los inversores se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias.

Estos inversores actualmente gestionan más de 30.000 millones de dólares (más de 21.500 millones de euros) de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que juntos suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares (más de 2,1 billones de euros).

La demanda se produce ante la votación para este jueves 10 de marzo de la Ley Orgánica de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados, ya aprobada el día 23 de febrero en el Senado, y que incluye una enmienda que suprimiría los cambios retroactivos impuestos al sector fotovoltaico por el real decreto ley 14/2010 en las pasadas navidades.

Estas peticiones van en línea con el malestar que han creado los cambios en la Comisión Europea, que recientemente ha expresado (mediante una carta firmada por los comisarios Gunther Oettinger y Connie Hedegaard) su rechazo a las modificaciones retroactivas y ha condenado la aprobación de leyes por parte del Gobierno que pongan en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE.

Las demandas de los inversores se amparan en el "Energy Charter Treaty", un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, en el que se encuentra el solar fotovoltaico. Un total de 51 países, entre los que se encuentran todos los países miembros de la UE, son los firmantes de dicho tratado.

REPARACIÓN DE DAÑOS

Este proceso pretende que se reparen los daños causados por las acciones del Gobierno español antes de acudir a los tribunales internacionales de arbitraje, lo cual ocurrirá en caso de que el Congreso de los Diputados no derogase el citado real decreto ley 14/2010 o que el Gobierno no acordase un mecanismo para indemnizar a los inversores.

Los inversores internacionales presentes en las acciones emprendidas contra el Gobierno de España son: AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, Lux Energy/GWM, NIBC Infrastructure, Platina Partners, Riverstone LLC, Scan Energy, Triodos Bank/Ampere Equity Fund y White Owl Capital.