Se trata de una de las principales conclusiones de un artículo sobre el Brexit divulgado por el Banco este viernes donde avisa que la salida del Reino Unido se produce en un contexto de “debilidad económica significativa inducida por la pandemia de Covid-19”, que “podría limitar potencialmente la respuesta de las políticas económicas” que puedan desplegarse frente “a la perturbación del Brexit”.

Según sus cálculos, la ruptura provocará en Reino Unido una caída acumulada del PIB de entre el 1,5% y el 3%, aproximadamente, en el horizonte de 2022, mientras que la UE perdería “alrededor de un 0,4% de su PIB en el escenario más adverso en dicho período”. Para dicho cálculo toma varios escenarios hipotéticos considerando que se produzca o no un acuerdo, y estimando que haya finalmente mayores o menores restricciones arancelarias y de otro tipo.

El Banco de España explica que se produzca o no un acuerdo y, en su caso, cómo pueda ser este último “determinarán los efectos económicos de la salida del Reino Unido de la UE” y, “dada la integración comercial y financiera actual de ambas áreas, estos efectos pueden ser significativos para las partes, incluida la economía española”.

Además, avisa de que la situación creada por la crisis puede limitar las políticas para mitigar los impactos ya que las economías se encuentran muy afectadas. Por eso considera que “la fuerte caída de la actividad y la elevada incertidumbre resultantes de la crisis sanitaria aumentan la necesidad de alcanzar un acuerdo, con la mayor brevedad posible, que permita construir unas nuevas relaciones comerciales de amplio alcance entre las dos áreas”.

Tras 48 años de integración y después de que Reino Unido acordase su salida en el referéndum celebrado en junio de 2016, las condiciones siguen sin cerrarse del todo pese a que el periodo transitorio para pactarlas finaliza ya el próximo 31 de diciembre.

En lo que respecta a España, el análisis subraya que el país “mantiene con el Reino Unido unos vínculos comerciales (especialmente en los sectores turístico, agroalimentario y del automóvil) y financieros (fundamentalmente en forma de IED en los sectores financiero y de telecomunicaciones) relativamente elevados”.

El impacto final dependerá de esas exposiciones directas, “pero también del resultado final de las negociaciones aún en curso”. Si bien el Banco de España asume que será además “muy heterogéneo a escala regional y sectorial” precisamente por esos lazos, concluye que regiones como Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón serían de las “más vulnerables” al establecimiento de aranceles por el peso que tiene el mercado británico en exportaciones de productos agroalimentarios, textiles o automóviles.

También alerta de que la actividad turística y las inversiones en segunda vivienda de residentes británicos “se encuentran muy concentradas en determinadas regiones españolas, que serían las más vulnerables a desarrollos potencialmente adversos en las negociaciones en curso”.

Precisamente este riesgo ya se ha hecho sentir con las restricciones por la pandemia como lo prueba que el gasto turístico efectuado por británicos en España cayese un 81% entre enero y septiembre en términos interanuales, frente al 76% acusado por todo el turismo no residente.

Entre los datos más relevantes de los fuertes vínculos figura, por ejemplo, las exportaciones españolas de bienes y servicios dirigidas a Reino Unido, que supusieron un 9,6 % del total el pasado año y equivalen al 3,4% del PIB; superior al peso que representan Alemania, Francia o Italia. Solo el turismo supone un 1,2 % del PIB, siendo el principal mercado emisor de turistas el británico (un 21 % de las entradas totales de turistas y el 19 % del gasto).

En cuanto al canal financiero, las relaciones que España y el Reino Unido mantienen en forma de inversión exterior directa “superan ampliamente, en porcentaje del PIB, a las que Alemania, Francia e Italia presentan con la economía británica”, detalla el informe. En concreto, las inversiones directas españolas en el Reino Unido y con un peso destacado de aquellas relativas a los sectores financiero y de telecomunicaciones, supusieron un 9 % del PIB el pasado año.