En un manifiesto denominado ‘Los sin cromos’, impulsado por la Fundación Renovables y Greenpeace, las organizaciones firmantes denuncian, a las puertas del quinto aniversario del Acuerdo de París, que los recientes avances normativos, legislativos y estratégicos (con sus diferentes objetivos, configuración del mercado eléctrico y nuevas tecnologías) han puesto en evidencia que "el engranaje de puertas giratorias ha funcionado a la perfección y que la política pública no está cumpliendo su finalidad, trabajar por el interés colectivo y no hacer de comparsa de intereses económicos del sector que convenga".

Además de la Fundación Renovables y Greenpeace, al documento se han adherido Amigos de la Tierra, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El manifiesto apunta a los conflictos de interés y, por tanto, a la devolución de favores, como práctica habitual, entre la administración pública y el sector privado. Este mecanismo de "intercambio de cromos" es algo demasiado frecuente, según las organizaciones, que señalan que "los intereses del oligopolio energético son determinantes en la toma de decisiones vitales para la ciudadanía y para el medio ambiente".

"Las puertas giratorias, una realidad sobrevenida y ampliamente comprobada, permiten transitar sin problema entre los despachos de los diversos ministerios hasta los consejos de administración de las grandes empresas, sin olvidar que este tipo de favores bilaterales empiezan mucho antes de llegar a lo más alto del nivel administrativo. Este mecanismo, que las principales fuerzas políticas han normalizado y alimentado a lo largo de los años, genera una pérdida de credibilidad en la democracia representativa y el poder ejecutivo, cultivando la inmoralidad política y la pugna de intereses en los sectores regulados a los que afecta, y mucho, la legislación que se discute en el Parlamento", señala el documento.

Para las organizaciones firmantes, una de las principales dificultades para una transición energética realmente justa y equitativa reside en que las empresas de operación y propiedad de las redes de transporte, a cargo de Enagás y de Red Eléctrica, tienen "un patrón recurrente", pues "todos los altos directivos son ex altos cargos de un amplio espectro político".

Esto, según añaden, provoca que las decisiones sean "meramente empresariales y retributivas, olvidando y denostando la mejora del servicio a la ciudadanía". Además, apuntan que las "puertas giratorias" actúan en "todas las grandes empresas privadas energéticas, que consiguen de facto un acceso privilegiado para influir sobre las decisiones de los organismos públicos, incluidos los reguladores".

“Nuestra opinión, nuestra voz y nuestras propuestas están pensadas para el bien general, por el interés común y social, siendo el necesario contrapeso en la balanza del poder, sea éste público o privado. No podemos ofrecer nada a cambio, ni nos llevamos nada. Lo que proponemos beneficia a la mayoría, a la colectividad y al planeta. No cobramos de sectores o empresas concretas. No hay un toma y daca, no tenemos cromos para intercambiar”, recalcan.

En este sentido, consideran "crucial" contemplar la energía como un derecho en el ámbito de la transición energética y, como tal, se ha de fomentar la participación de las asociaciones sociales y de la ciudadanía en su conjunto en la toma de decisiones estratégicas de un sector clave para el bienestar de la sociedad.

"Es necesario dejar de ver la energía como un mero vector económico y empoderar a la sociedad como ciudadanía consciente y activa en el uso, gestión, generación y almacenamiento de la energía, de forma tanto individual como compartida, siendo fundamental la creación de un marco legislativo propicio para ello", apostillan.

PROPUESTAS

Las organizaciones que firman el manifiesto, abierto a más adhesiones, demandan un comité de expertos u órgano científico que informe y asesore a las instituciones europeas y nacionales para diseñar y evaluar los planes y políticas, modificar la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y actualizaciones posteriores, crear o reforzar organismos de control o reguladores independientes que estén al servicio del interés público y no compuestos por las propias empresas reguladas ni condicionados por ellas.

Más transparencia tanto del Gobierno como de empresas consideradas dentro del ámbito de la gestión pública con la creación un portal abierto de transparencia institucional donde la ciudadanía pueda acceder libremente y evitar la formación de monopolios u oligopolios y forzar la desaparición de los existentes regulando por ley que ninguna empresa (o empresas de un mismo grupo empresarial) pueda controlar una elevada cuota de mercado en sectores regulados y obligando a una separación horizontal completa de la propiedad que impida que las mismas empresas (o las pertenecientes a un mismo grupo empresarial) puedan realizar actividades reguladas y no reguladas son otras peticiones.

Además, solicitan que se regule dentro de la Ley de Cambio Climático la publicidad engañosa, desleal y no verificable por parte del sector de los combustibles fósiles; se modifique la Ley General de Publicidad en materia de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto invernadero para evitar la publicidad ilícita y, en concreto, la engañosa y desleal, y que los fondos europeos para la recuperación tras el coronavirus se destinen a proyectos que hayan sido declarados elegibles previamente por el Gobierno, bajo unas condiciones estrictas de sostenibilidad, replicabilidad, innovación, digitalización, soporte para pymes, inclusivos y cuya ejecución repercuta favorablemente en los consumidores.