“No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia”, recoge la ONG.

En el informe ‘Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia en España’, Amnistía Internacional constata que “en las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores”.

Además, “las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”, según el director de la ONG, Esteban Beltrán.

Y es que “la denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España”, sostiene la organización.

En el informe, la ONG documenta la falta de protección del personal de las residencias, que al principio no contaban con equipos de protección individual ni pruebas PCR. Asimismo, señala que “muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada” y “quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada”.

Asimismo, denuncia la incomunicación con el mundo exterior y con sus familias que vivieron los residentes. “Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”, declaró Beltrán.

Asimismo, la ONG alertó de que la situación “sigue siendo alarmante” en esta segunda ola de la pandemia. A su juicio, “deben garantizarse plenamente las visitas a familiares”, así como “la derivación hospitalaria”.

También abogó por cambiar los protocolos autonómicos y asegurar que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan “con base en evaluaciones individualizadas”. Y es que alrededor del 70% de las muertes ocasionadas por la primera ola del coronavirus han sido de personas mayores en residencias.

Según el informe, la medicalización de las residencias no fue efectiva. “Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos nunca se llevó a cabo, dejando a las personas mayores que viven en residencias en una situación muy delicada”, sostiene el estudio.

Por último, Amnistía Internacional recordó la responsabilidad del Estado porque “el hecho de que la mayoría de las personas mayores vivan en residencias privadas o concertadas no disminuye de ninguna manera su obligación”, que “incluye el deber de proteger contra el abuso de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas”.