En la misiva, a la que tuvo acceso Servimedia, pide “respeto, en última instancia, a los ciudadanos de Madrid. De no ser así, nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la nación española”.

El consejero le transmite el “profundo malestar” que ha generado en la Comunidad de Madrid el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la nación y el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una ‘comisión bilateral’, con el “expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal” de la región “imponiendo subidas de impuestos sin nuestro consentimiento”.

En la carta señala que el anuncio de crear una ‘comisión bilateral Gobierno–ERC’ para adoptar decisiones sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid “no solo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional”.

En ese sentido, el consejero le advierte de que “desde este momento, si avanzan por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.1 c) de la Constitución y el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional".

"No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid”, subraya en su escrito el consejero madrileño de Hacienda. “En cuanto al fondo", añade, "es evidente que el objetivo definido por ustedes va en contra de lo dispuesto en el marco jurídico vigente, tanto en la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, por la que se regula el Sistema de Financiación Autonómica y se determina la cesión a las comunidades autónomas de las facultades normativas en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como en la Ley 29/2010, de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid”.

“En definitiva, constituye un directo y notorio ataque a la Constitución española”, afirma Lasquetty. A su juicio, “lo que han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños, conforme a las disposiciones legales presentadas ante la Asamblea de Madrid y aprobadas por esta”.

Asimismo, indica que “el hecho de intentar justificar una invasión competencial de esta naturaleza sobre la base de un imaginario 'dumping fiscal' que, en realidad, no existe, evidencia, aún con más fuerza, el sinsentido de esta medida”.

Apunta que Montero “reconocía recientemente en una entrevista que no es correcto hablar de dumping. No puede existir dumping fiscal ni competencia desleal cuando las reglas de juego son idénticas para todos”.

"Las comunidades autónomas de régimen común poseen la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias", según Lasquetty.